i bien los últimos datos sobre la durísima incidencia que está teniendo la pandemia de covid-19 indican, tanto en el Estado español como en Euskadi, un cambio de tendencia que permite empezar a atisbar la luz al final del túnel, la necesaria prudencia y la absoluta necesidad de continuar priorizando la prevención, contención y mitigación del coronavirus así como la atención sanitaria a las personas contagiadas en todos los niveles obligan sin lugar a dudas a mantener las medidas dirigidas a mantener el mayor distanciamiento social posible aún durante un razonable periodo de tiempo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó el sábado la necesidad de mantener la declaración del estado de alarma hasta al menos el 26 de abril e incluso avanzó que a partir de esa fecha habrá “sucesivas prórrogas”, aunque se irá estudiando el progresivo levantamiento de algunas de las restricciones. Pese a que tres semanas ya de confinamiento y restricción de movimientos, así como el cese de actividades, están suponiendo un duro sacrificio por parte de la ciudadanía que deberá extenderse incluso entrado ya el mes de mayo, es necesario incidir en el cumplimiento de las medidas, que están teniendo su efecto en la contención de la pandemia. En este sentido, es un aspecto a valorar el cambio de actitud de Pedro Sánchez, que parece haber entendido que -aún más en un estado autonómico- la mera imposición, la centralización absoluta de la gestión de la crisis y de las decisiones no es la manera más eficaz de combatir la pandemia. Más bien se ha comprobado justo lo contrario, que la falta de comunicación, la imposición, la invasión competencial y la unilateralidad en la toma de decisiones es una estrategia estéril y perjudicial para afrontar la crisis. Bien al contrario, se necesita más que nunca, como advirtió ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la conferencia de presidentes, actuar mediante el consenso, la colaboración y el poder compartido, como ya se hace en otros estados de nuestro entorno. Es en este espíritu en el que el lehendakari situó la necesidad de prever y acordar un “plan de vuelta a la normalidad” para salir del confinamiento y la inactividad de forma escalonada y flexible que permita ir recuperando, cuando las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo, espacios de movilidad y de actividad educativa, económica y social.