El primer mes desde la investidura de Pedro Sánchez, es decir, apenas la tercera parte de los antes tradicionales y ahora al parecer inexistentes cien días de gracia que se venían concediendo a todo Gobierno de nuevo cuño, se ha cumplido con el presidente en Catalunya, lo que no se antoja despreciable como imagen. Y aunque la entrevista con Quim Torra del jueves fuese una condición derivada de las negociaciones de aquella investidura del 7 de enero y dejara todo el desarrollo del diálogo pendiente para la condición principal, la constitución de la mesa de diálogo que ambos han acordado, es la primera imagen de distensión entre el Estado y la Generalitat en casi una década. La posibilidad, manejada ayer por el secretario general del PSC. Miquel Iceta, de que una reforma del Código Penal y los beneficios penitenciarios contribuyan a restituir la libertad a los condenados por el procés, le da fuerza. En este primer mes, el gobierno de Pedro Sánchez ha actualizado las pensiones un 0,9%, de acuerdo con el IPC, y acordado el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros, además de aprobar la subida del sueldo de los funcionarios un 2%. Tampoco parece desdeñable como boceto socioeconómico aunque se tratara de compromisos ya adquiridos. Y la relativa diligencia en la reunión de la ministra de Política Territorial, Carolina Darías, con el consejero de Gobernanza y Autogobierno, Josu Erkoreka, que ha confirmado tres transferencias y acordado la configuración del calendario para completar el Estatuto de Gernika, incluida la gestión económica de la Seguridad Social, refleja una disposición -hora era tras cuarenta años de incumplimientos- inicial para con el autogobierno vasco, incluyendo la posibilidad de su desarrollo hacia un nuevo pacto con el Estado. Sin embargo, a la espera de la elaboración de los presupuestos, verdadera definición de las políticas de un Gobierno y espejo del apoyo con que cuenta, la política de Sánchez para Catalunya y sus reclamaciones está aún por sustanciar; las iniciativas para la restauración del sistema de la Seguridad Social y la sostenibilidad de las pensiones deben precisarse -incluso todavía esbozarse-, la derogación de la reforma laboral en sus aspectos más lesivos se debe definir y el cumplimiento del Estatuto está pendiente de concreción práctica en cuanto a su alcance práctico y sus tiempos.