La reunión entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra; el tono de las intervenciones de ambos tras ella, y el catálogo de asuntos tratados, que no se limitan en todo caso a los 44 especificados por la “agenda para el reencuentro” del Ejecutivo español, conforman un punto de inflexión en las relaciones entre ambas administraciones y, por tanto, en el conflicto político catalán. Así, la apertura casi inmediata, en este mismo febrero, de la mesa de diálogo, junto con la disposición de ambos presidentes a participar en ella, constituye el primer intento de cambiar la dirección de la crisis originada hace ya diez años (junio de 2010), a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que, tras recurso presentado por el PP, recortó el Estatut aprobado por el Parlament y la sociedad catalana en 2006. El reconocimiento por Pedro Sánchez de la necesidad de “recomenzar, retomar la senda de la política dejando atrás la judicialización del conflicto” se debería entender por tanto como un primer avance, más significativo que efectivo, en lo que deben ser los nuevos modos de relación institucional para tratar de superar el conflicto. Si se echa la vista atrás, a los meses y meses de crispación, amenazas y aplicación estricta de la lectura más restrictiva de la legalidad, incluyendo detenciones y sentencias de prisión, en que derivó el ejercicio de los gobiernos de Mariano Rajoy respecto a Catalunya, ese punto de inflexión es mucho. Pero si se mira hacia adelante, a un futuro inmediato en el que la sociedad catalana, mayoritariamente, exige, seguirá exigiendo, respeto a sus decisiones y plantea, transversalmente incluso, un ejercicio de democracia que desvele el modo de su relación con el Estado, queda mucho, si no todo, por hacer. Porque, como dijo Torra, “la ciudadanía tiene esperanza en el diálogo, pero tenemos que abordar la soberanía de los catalanes (...) no estamos aquí para generar falsas promesas sino para aportar una solución”. Y esta pasa por superar los agravios, tanto en la gestión de la crisis como en la relación Generalitat-Gobierno del Estado, pero exigirá a continuación aprovechar todas las posibilidades para desde la legalidad -esa ley que dice Sánchez y que se diseñó con propósitos distintos a los coercitivos para los que se ha esgrimido- vehiculizar las demandas catalanas.