La aprobación por el primer Consejo de Ministros del recién formado Gobierno de Pedro Sánchez de una actualización de las pensiones públicas del 0,9% (843,3 euros al mes de media frente a los 835,6 actuales) se debe entender más el cumplimiento de un compromiso electoral y una declaración de intenciones que como ruptura con las políticas precedentes en la materia o como medida correctora del retroceso en la capacidad adquisitiva de los pensionistas desde que el gobierno de Mariano Rajoy procediese en 2013 a la reforma del sistema. De hecho, la revalorización de las pensiones en virtud del IPC ya se había aplicado, como en esta ocasión, y también con carácter retroactivo, en los ejercicios 2018 y 2019 a raíz del acuerdo arrancado por el PNV a Rajoy para la aprobación de los Presupuestos , que además confirmó un aumento de las pensiones mínimas y no contributivas y pospuso a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad que cambiaba la forma de cálculo de las pensiones en función de la esperanza de vida. El verdadero desafío del Gobierno Sánchez en materia de pensiones radica en realidad en el cumplimiento del artículo 12 de la Carta Social Europea (Revisada) -España la rubricó en 2000 pero su ratificación sigue pendiente en el Congreso tras ser aprobada por el Gobierno en funciones el pasado febrero- que incluye el compromiso de “mantener el régimen de la Seguridad Social en un nivel satisfactorio” y de “esforzarse por elevarlo progresivamente”. Es decir, en reformar y consolidar el sistema, corregir un déficit que supone más del 40% del total del Estado, recuperar asimismo el fondo de reserva, esquilmado desde la última reforma, y buscar la sostenibilidad del mismo en ámbitos que no comprometan los principios de dicha carta. La recuperación de las cotizaciones no solo en número, también en calidad; y la aportación a las prestaciones por vía presupuestaria son aspectos que el nuevo Gobierno deberá contemplar e incluir en el imprescindible diálogo con los agentes sociales y en la búsqueda de consensos políticos en el marco del Pacto de Toledo, analizando sistemas que en otros países europeos ya se han demostrado exitosos, como es el caso de Suecia, donde se compaginan una pensión mínima financiada con impuestos con un complemento netamente contributivo.