Los grupos parlamentarios PNV, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu y BNG han firmado un documento para exigir al Gobierno español un fondo de compensación para las víctimas del amianto. En el documento recuerdan que la ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, "se aprobó por unanimidad de los grupos parlamentarios, pero aún no es plenamente efectiva porque está pendiente de aprobación el reglamento que debe desarrollarla".
Así, destacan que, desde su origen, uno de los principales objetivos de la ley "era evitar a las personas afectadas y a sus familias el calvario de tener que afrontar largos y penosos procesos judiciales para ver resarcido, aunque solo sea de manera parcial, el daño causado por las empresas que utilizaban este agente cancerígeno y por el retraso de las autoridades españolas en prohibir su uso a pesar de existir evidencia científica sobre su letalidad desde hacía décadas".
Sin embargo, las formaciones advierten de que el borrador de real decreto que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentó a la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto, CCOO y UGT en una reunión celebrada el pasado 12 de marzo, "a pesar de incorporar avances en el proceso de solicitud respecto de anteriores textos, aún incluye una propuesta de cuantías para las indemnizaciones muy escasas que resultan incompatibles con el objetivo de evitar a las víctimas el viacrucis judicial".
En la propuesta de Ministerio, según recoge el documento, las cuantías oscilan entre unos 30.000 euros por una asbestosis y unos 90.000 para un mesotelioma.
"En la actualidad, la inmensa mayoría de las sentencias por daños producidos por el amianto determinan indemnizaciones por varios centenares de miles de euros. De aprobarse el reglamento en estas condiciones, sólo optaran por utilizar el Fondo las personas enfermas por exposiciones ambientales en las que es imposible determinar la empresa causante y aquellas en las que su enfermedad tiene un origen laboral pero su empresa ya no existe", señala el texto.
Las formaciones añaden que, en los casos en los que aún exista una empresa a la que reclamar, las personas afectadas acudirán a la vía judicial. Además, precisan que hay otra razón que empuja a seguir presentado demandas en los tribunales, ya que las indemnizaciones procedentes de sentencias judiciales están exentas de tributación en el IRPF.
Sin exención fiscal
Sin embargo, la Ley 21/2022 no incluyó esta exención fiscal en su texto, a diferencia de otras leyes que si lo hicieron como las que regulan las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo o las personas afectadas por el VIH, lo cual "impactaría no sólo en la cuantía final de la indemnización sino también en el resto de los ingresos (a menudo pensiones de viudedad) del ejercicio fiscal en el que se abone está compensación, ya que se pasaría ese a cotizar en los tramos altos del IRPF".
"Para sortear este escollo, es obligatorio regular la exención del IRPF en una Ley, siendo la Ley de acompañamiento de los PGE una buena oportunidad para ello. En caso de que no se presente el proyecto de PGE, no quedaría otro remedio que reformar el texto de la Ley 21/2022 o buscar el encaje en alguna otra Ley que esté pendiente de aprobación", puntualizan los grupos.
De aceptarse las modificaciones propuestas por asociaciones de víctimas y sindicatos, las formaciones avisan de que la partida de 25 millones de euros consignada en los PGE "resultaría insuficiente".
"En las negociaciones que dieron lugar a la inclusión de esta partida, siempre quedó claro que los 25 millones eran sólo un punto de partida y un compromiso que adoptaba el Gobierno sobre la aprobación de la propia Ley, en aquel entonces todavía en proceso de tramitación", aseveran.
En este sentido, consideran que "debe existir un compromiso del Gobierno y de los grupos parlamentarios que lo sustentan, para articular las fórmulas parlamentarias precisas que garanticen a las víctimas la percepción de las indemnizaciones a las que tienen derecho por aplicación de la Ley 21/2022, y que lo hagan en los plazos legales previstos por la norma legal".
Derecho de subrogación
Por último, recuerdan que la Ley 21/2022 establece la subrogación del derecho a seguir litigando a favor del Estado, lo que "permite a las autoridades públicas mantener las demandas judiciales contra las empresas causantes del daño, siempre y cuando no hayan desaparecido o exista una continuidad empresarial y supone una forma de autofinanciación del propio Fondo que mitigaría el impacto de las indemnizaciones en las cuentas públicas".
"Es preciso insistir en este extremo porque de no hacerse efectivo este derecho de subrogación, además de reducirse los ingresos públicos, las empresas eludirían el pago de las indemnizaciones a las que deberían hacer frente y el Fondo se convertiría en una escapatoria para los responsables de la pérdida de la salud o de la vida de las personas, nada más lejano de los objetivos que inspiraron la creación de este instrumento de resarcimiento de las personas afectadas por el amianto", concluyen los grupos parlamentarios.
