La sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) en Bilbao acogerá hoy la puesta en marcha de la negociación entre los cuatro principales sindicatos vascos y la patronal sobre el establecimiento de un salario mínimo de convenio en Euskadi. La reunión tiene lugar casi un mes después de que el sindicalismo vasco se uniera por primera vez en siete años y llevara a cabo una iniciativa conjunta: registrar por separado ante el CRL sus peticiones para abrir este foro de debate con la patronal. Confebask anunció entonces que acudiría a la cita, aunque sin confirmar si se abrirá a la negociación.

Ayer, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, trasladó su apoyo a esta mesa negociadora y confió en que, finalmente, se alcance un acuerdo. "Si pueden llegar a un acuerdo lo aplaudiremos", señaló Torres. El Gobierno vasco ha encargado un estudio socieconómico que plantee un "intervalo" de cifras entre las cuales puede oscilar este salario mínimo propio de convenio para aportar al debate abierto. Los Presupuestos de 2025 ya contemplan una partida para este estudio y Torres confía en que esté listo para el verano.

A falta de esta sugerencia, LAB ha abogado en diferentes ocasiones por un salario mínimo de 1.600 euros, mientras que ELA ha establecido la cifra en 1.795 euros. CCOO Euskadi, por su parte, no tiene previsto llevar una cifra concreta a esta primera reunión, aunque su objetivo sería que rondara el 60% del salario medio en Euskadi, tal y como recomiendan los organismos internacionales. Misma postura que adoptará UGT, que espera que esta primera reunión "marque más el continente que el contenido".

Actualmente, el SMI de referencia en Euskadi es el estatal, sin embargo, los sindicatos llevan tiempo reclamando uno propio que responda a la realidad socioeconómica vasca. Paralelamente a esta iniciativa, ELA y LAB, junto a EKS, Steilas, Etxalde e Hiru, han registrado sendas ILP –Iniciativa Legislativa Popular– en los Parlamentos vasco y navarro en favor de un salario mínimo propio, en las que reclaman que las instituciones de la CAV y Nafarroa "tengan capacidad" para establecerlo.

La diferencia entre ambas iniciativas es que mientras que el encuentro de hoy tiene como marco los convenios colectivos –que es el ámbito en el que tienen competencias los agentes sociales vascos–, las ILP buscan un cambio legislativo para que los Gobiernos de la CAV y de Nafarroa puedan establecer un salario mínimo para el conjunto de sus trabajadores –independientemente de si estén amparados por un convenio o no–. Pero esto requeriría del visto bueno del Congreso y el Senado en Madrid.