Un total de 53 días en la calle y sin que salga producción de sus instalaciones.
Es la grave situación laboral que atraviesa una histórica fábrica de Vitoria desde el pasado 7 de septiembre: 53 días sin apenas contacto con la dirección.
Son los trabajadores de la fundición Olazabal y Huarte, que están en la calle continuando con la huelga que iniciaron antes de las vacaciones de agosto (desde el 12 de julio hasta el 21 de julio) ya que tras una larga trayectoria de 60 años, la plantilla "exige un convenio justo y no volver atrás".
Tal y como explican fuentes sindicales de LAB, "les mandamos el pasado día 6 de octubre a la empresa una nueva propuesta y todavía no nos han contestado".
Con la decepción evidente de no tener noticias de la empresa, los empleados de esta fundición del polígono industrial de Betoño permanecen concentrados en la puerta de la fábrica desde primera hora de la mañana todos los días. Sin olvidar que la plantilla organiza cada semana un calendario de protestas en diferentes puntos de Vitoria.
Desde LAB recuerdan que "en la última reunión del 26 de septiembre la empresa perdió una oportunidad para solucionar el conflicto laboral que comenzó con el bloqueo de la negociación del convenio en julio".
Desde el sindicato denuncian que la empresa plantea unos incrementos que "no garantizan el poder adquisitivo ni tienen referencia al IPC, una reivindicación fundamental para la plantilla".
Ante este planteamiento inasumible, la plantilla de la histórica Olazabal y Huarte mantendrá su huelga indefinida porque "no están dispuestos a aceptar una pérdida del poder adquisitivo".
"Tras años de altibajos y con una notable bajada de los sueldos en el año 2021 de un 15%, la fábrica acaba de ser comprada por un grupo empresarial, y creemos que es lo que ha repercutido en un cambio por parte de la dirección a la hora de negociar nuestras condiciones para empeorarlas", explican desde LAB.
Hacen referencia al grupo empresarial Arteaga, compuesto también por las firmas Fumbarri e Innovarri.
En plena negociación del convenio, los trabajadores de Olazabal y Huarte exigen "no retroceder en sus condiciones, que se les aplique un convenio justo y recuperar el poder adquisitivo" perdido en los últimos años, porque "la bajada de salarios junto al incremento del IPC nos ha supuesto una brutal merma para el bolsillo".
