“La reforma laboral ha dado un salto histórico contra la temporalidad”

Este año entró en vigor la nueva reforma laboral, ¿cómo valora su aplicación meses después?

El aspecto más relevante ha girado en torno al cambio del modelo de contratación para estabilizar el empleo. En este punto, el análisis resulta muy positivo con resultados espectaculares, aunque hay que estudiar con una mayor perspectiva de tiempo para comprobar exactamente la duración media de los nuevos contratos indefinidos y hasta qué punto superan con creces la extensión media de los anteriores contratos temporales.

Casi cinco de cada diez empleos se califican de precarios. ¿Cómo puede revertirse esta situación?

Con la reforma, que ha sido más ambiciosa de lo que yo pensé que íbamos a acordar en materia de eventualidad con la patronal, por lo que hemos dado un salto histórico. Va a haber una reducción importante de la temporalidad, la gran anomalía de nuestro mercado laboral. Pero la precariedad va más allá, y en España se asemeja al monstruo de las siete cabezas: cortas una y sale otra, como la economía de plataformas o la proliferación de las empresas multiservicios. Por eso hay que seguir trabajando para atajar estas fórmulas que empeoran las condiciones laborales.

¿El actual escenario económico va a dificultar alcanzar un acuerdo para incrementar salarios?

Va a ser bastante difícil, pero porque las organizaciones empresariales se han borrado de la partida, en la que hay que distribuir de una manera equitativa y equilibrada los costes de la inflación. Las patronales CEOE y CEPYME, desgraciadamente, están muy acostumbradas a la vieja fórmula de salir de las crisis, mediante la devaluación salarial y empobrecimiento de las mayorías sociales. Por ese motivo, como son muy remisas a un acuerdo de sueldos en otros términos, solo queda forzar el camino de la movilización.

¿En qué va a consistir: manifestaciones en la calle, concentraciones, jornadas de paro...?

Cada acción es complementaria: hay que vincular a las personas en concentraciones, paros o huelgas para forzar a la patronal. La manifestación del 3 de noviembre intenta dar una visión multisectorial a nuestra reivindicación salarial y tensionar la negociación de los convenios colectivos.

¿Puede llegar una huelga general?

Por el momento este escenario no se contempla, salvo que hubiera un cambio de orientación de las políticas del Gobierno en materia de Salario Mínimo Interprofesional, de pensiones u de otras cuestiones. Una huelga general tiene una dimensión socio-política diferente y ahora la disputa se centra en la negociación colectiva donde se fijan los salarios. Por ese motivo, hemos planteado movilizaciones sectoriales con derivadas intersectoriales.

En este escenario convulso, las plantillas reivindican no perder poder adquisitivo, y parece que no perciben un peligro de despidos.

De momento la situación económica en España no se ha deteriorado lo suficiente como para que haya un cambio en la tendencia del empleo, que es la variable que mejor ha funcionado este año. Las perspectivas de crecimiento en el Estado continúan en el 4% en 2022, y con estas cifras no se destruyen puestos de trabajo. Pero la desaceleración para el próximo ejercicio está como muy cantada. Si esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios viene acompañada de una destrucción de empleo, todo se agrava.

¿Qué propuesta de subida salarial defiende CCOO?

Con inflaciones del 9% interanual no resulta realista pensar en una subida generalizada de los sueldos en relación al IPC. Actualmente, planteamos incrementos iniciales en 2022 de un 4%-4,5%; en 2023 de un 3,5%; y en 2024 de un 2,5%-3%, con un compromiso de cláusulas de revisión salarial o una fórmula similar para recuperar el poder adquisitivo a lo largo del periodo de dos años y medio que está por venir. El gran problema no son las subidas iniciales sino cómo se pauta esa recuperación. Tampoco debemos hacer un convenio colectivo de país, sino recomendaciones que vean la luz en las mesas de negociación que pueden variar según los sectores.

La reforma laboral recoge la fórmula de reducir jornadas, acompañadas de una ayuda social, para evitar despidos si el ciclo económico entra en crisis. ¿Barrunta que este modelo tendrá que aplicarse en 2023 si hay recesión?

Por ahora, nadie prevé una recesión para España en 2023. Si se da un cambio en la tendencia del empleo, tendremos que activar los mecanismos pactados para que el despido se convierta en el último recurso que usen las empresas.

El cambio de modelo se está fraguando con una transformación energética y digital. ¿Cómo evitar que esta revolución destruya empleo?

Hay que prever las transformaciones digitales con tiempo suficiente para buscar actividades alternativas e inversiones y favorecer las transiciones justas mediante el proceso de formación y de recolocación permanente de los trabajadores y trabajadoras. Debemos evitar que las transformaciones recaigan sobre las espaldas de los trabajadores por la vía de los despidos.

El sector de la automoción debe afrontar ese cambio. ¿Preocupa que pueda haber pérdida de empleo?

En el Estado este sector genera un porcentaje de PIB importante, al igual que de empleo industrial. En automoción surgirán actividades colaterales al nuevo modelo de movilidad y al uso de autos u otros medios de transporte, por ejemplo.

Pero esa planificación debe abordarse de manera inmediata.

Deben reforzarse ya los espacios de prospección compartidos con empresas, Administración y trabajadores para prever la evolución de los sectores. Algunas transformaciones se han acelerado con la pandemia y creo que todavía la sociedad no es todavía consciente de que la guerra de Ucrania y los movimientos geopolíticos suceden por una recomposición del modelo de globalización.

Los sindicatos piden mantener el contrato relevo para asegurar plantilla. ¿Ve factible que el Estado lo prorrogue?

Trabajamos para que se renueve el uso del contrato relevo y planteamos su extensión a otros sectores, porque promueve el rejuvenecimiento de las plantillas. No solo debe limitarse a la industria manufacturera y al auto.

¿Qué otros sectores?

Creo que deben generalizarse porque aunque el contrato relevo tiene sus costes aporta beneficios sociales en un momento de transiciones de empleo, trasversales en muchos sectores productivos.

¿Qué disposición tiene el Estado para su renovación?

Está vinculado a la negociación sobre el sistema público de pensiones. La segunda parte del acuerdo tiene la finalidad de mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social con pluralidad de medidas, y de ahí colgará el acuerdo del contrato relevo.

¿Llegará?

Sí. Hay un compromiso de que esté resuelto a finales de año. Además debe estar ligado a procesos de cualificación permanente. Siempre pensamos en industria, pero esto va a ocurrir en servicios. Por ejemplo, actividades vinculadas al turismo y hostelería sino recuperan niveles de viajeros, una parte de esos trabajadores igual deben trasladarse al sector de cuidados.

Esta transformación viene acompañada de fondos europeos, pero advierte de que si no se acierta en la reforma fiscal, habrá recortes. ¿Cómo debe ser?

El país necesita una reforma fiscal estructural, pensando en la nueva economía con empresas vinculadas al mundo digital que prácticamente no pagan impuestos, y mejorando los niveles de contribución y de recaudación que están entre seis y siete puntos por debajo de la media europea.

¿Por qué la derecha ha comenzado una competición de rebaja fiscal entre comunidades?

Está aprovechando el dopaje de la economía española por la buena recaudación fiscal y por la entrada de recursos europeos para plantear una reducción generalizada de impuestos. De esta forma, cuando pase la coyuntura actual, propiciará un deterioro del cuadro macroeconómico del país para afrontar nuevos recortes, privatizaciones y desarme del papel económico del Estado. No debemos caer en esa trampa. Más allá de que España cuenta con un nivel de fiscalidad común y otro sistema foral, en Euskadi y en Navarra, no puede permitir entrar en una competencia desfiscalizadora entre comunidades para bajar impuestos a las rentas de capital, empresariales y de patrimonio.

¿Euskadi debe aprovechar su autonomía fiscal?

Efectivamente para que sea atractiva y a la vez redistributiva. CCOO en España y en Euskadi siempre ha defendido que la autonomía fiscal del territorio no puede servir para iniciar una competición a la baja. El marco constitucional conlleva a que conviva el régimen común y foral. Algunos discursos políticos lo cuestionan, pero nadie lo hace en serio porque sería romper ese marco.

Defiende un contrato social que aborde reformas de calado en España: Seguridad Social, Estatuto de los Trabajadores, Ley de Formación Profesional, de Vivienda... ¿Por qué cuesta tanto abordarlas?

Porque existe una pugna de cómo va a recomponerse la sociedad y cómo se va a recuperar la llamada clase media tras varias crisis consecutivas: por la renovación de un nuevo contrato social o por la mercantilización de la sociedad con el deterioro de los servicios públicos para fomentar la privatización. Como todo está en disputa, resulta complicado abordar para qué van a afrontarse estas reformas: si para los intereses de las mayorías sociales o para quienes aspiran a lucrarse.

¿Cómo debe actuar el sindicalismo en este escenario económico?

Debe hacerse patente en todos aquellos sectores donde ni siquiera existen centros de trabajo físicos. Ya no solo hay que estar en empresas de 2.000 empleados donde se expone la plataforma reivindicativa en la asamblea del bocadillo. El sindicalismo a nivel mundial se gestó en aquellos núcleos industriales de grandes concentraciones de trabajadores, donde la producción de un bien o servicio se daba en la cadena de valor de grandes empresas masculinizadas, con problemas semejantes.  Pero ahora, la empresa se ha descentralizado, y los bienes y servicios se elaboran en una red de organizaciones, con altos niveles de externalización, de mercantilización de la actividad productiva, con falsos autónomos, y donde se han asentado las plataformas de economía digital. Todo esto transversaliza el conjunto de sectores mediante una forma de gestión que precarizada las condiciones laborales, donde el núcleo duro de la cadena de valor multiplica sus beneficios mediante la externalización de riesgos y costes a los trabajadores, sociedad y otras empresas.

¿Cómo organiza el sindicalismo a unas personas que el mismo sistema ha logrado separar?

El sindicato debe integrar aquello que la empresa ha desintegrado. Una frase fácil de pronunciar pero complicada de aplicar. Hay que buscar fórmulas variadas de acercamiento y organización de los trabajadores, porque el sindicato debe estar pegado al territorio. Por ejemplo, debe extender su representación en pequeñas empresas y subcontratadas sin delegados; o destinar recursos de las partes más organizadas a las menos organizadas.

¿Las personas que trabajan en estos nuevos sectores creen en los sindicatos?

Hay que hacer una pedagogía por la propia práctica de la acción sindical. Cuando un comité y una empresa llegan a un acuerdo en un convenio, el foco debe abrirse y no solo estar pendiente del núcleo de trabajadores más cercanos, sino estar pendiente de las realidades de los temporales, falsos autónomos, o trabajadores por cuenta propia para actuar sobre ello. El extrarradio laboral ya es mayoritario, y carecen de la percepción del sindicato y de un convenio. Mucha gente no sabe que su vida laboral se regula a través de un convenio colectivo.

¿La sociedad puede sentir como amenaza las transformaciones digitales y energéticas y caer en los discursos populistas?

Sí. En este momento, hay que recuperar el papel del sector público para que actúe de forma concertada con otros agentes, como los sindicatos. La idea de que la economía se regulaba sola y que las empresas deben dirigir en función de sus intereses los designios de las transiciones ha naufragado. Hace falta espacios de codecisión, en los que el poder público debe condicionar las resoluciones estratégicas del poder económico. Las pymes saben que no van a poder afrontar estas transformaciones sin el apoyo del sector público.

¿Se llega tarde? Por ejemplo, en Italia ha ganado la extrema derecha.

Existe el riesgo, y las personas deben sentirse amparadas y comprender estas transiciones. La extrema derecha actual acecha ante la evidencia de que millones de personas sufren incertidumbre y se sienten desplazadas de los procesos de transformación y modernización de las sociedades. La experiencia está demostrando que estos mensajes pueden ganar elecciones. Aunque creo que en España no va a ocurrir, porque Vox ha entrado en declive al estar dirigido por un grupo de mediocres.