- El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos salvó ayer en el Congreso el proyecto de ley de impulso de los planes de pensiones de empleo con el apoyo del PNV y el PRC, además de la abstención de Vox y EH-Bildu. El PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos y Compromís votaron en contra. Tras superar su votación en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proyecto pasa ahora al Pleno del Congreso, que tiene la última palabra sobre esta iniciativa. Después de acordar algunos cambios con Ciudadanos y PDeCAT para ampliar las ventajas fiscales de esta regulación, el Gobierno ha cuadrado sus cuentas acordando con EH-Bildu la subida un 15% de las pensiones más bajas. Así, a cambio de su abstención, el futuro decreto ley para prorrogar las medidas contra la crisis provocada por la guerra en Ucrania incluirá la subida del 15% de las pensiones no contributivas, de viudedad, orfandad o invalidez.

Asimismo, el acuerdo alcanzado con esta formación contempla que estos planes no mermarán los ingresos de la Seguridad Social, por lo que no irán a costa del sistema público de pensiones, uno de los principales temores de los movimientos de pensionistas, e incluso de Podemos, socio del Gobierno, que celebró esta medida.

A propuesta de C’s y el PDeCAT, el proyecto incluirá una desgravación para las empresas en Sociedades, que podrán deducirse de su cuota íntegra hasta el 10% de las aportaciones que hagan a favor de sus trabajadores con retribuciones inferiores a 27.000 euros. A partir de esa cifra, la deducción será sobre la parte proporcional de las aportaciones que correspondan a una retribución bruta de ese límite.

Pese a que inicialmente la propuesta de C’s para esa deducción era de un 15% de las aportaciones, el acuerdo deja la deducción en el 10% de las aportaciones, tal y como planteaban también en sus enmiendas el PP, Vox y el PDeCAT. También a propuesta de Ciudadanos, se modifica la regulación de la Comisión de control especial de los planes de pensiones para exigir a sus integrantes al menos 10 años de experiencia en la gestión de fondos o planes de pensiones, y se evita que los miembros designados por el Gobierno tengan derecho a veto.