- El debate sobre pensiones e inflación vuelve a situarse en el debate público. En un momento en el que asoman de nuevo en el panorama las estadísticas sobre deuda y déficit público, el Gobierno español volvió a hacer ayer una rotunda defensa de su promesa de mantener la subida de las pensiones conforme al IPC. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, recalcó de nuevo que el compromiso del Gobierno con los pensionistas es “contundente”, al mismo tiempo que les pidió “tranquilidad”, pues, pese a los elevados niveles de inflación, sus pensiones se revalorizarán en 2023 con el IPC, aunque éste alcance este año los dos dígitos.

En todo caso, María Jesús Montero, en una entrevista concedida a La Sexta, subrayó que el Gobierno trabaja para que la inflación media de 2022 esté “muy alejada” de ese escenario de dos cifras y su tasa se estabilice a lo largo del segundo semestre. Se trata de un objetivo que, sin embargo, muchos economistas ven complicado, ya que no se prevé que la inflación comience a ofrecer un respiro hasta comienzos del próximo año.

La ministra se esforzó en recordar que la reforma de pensiones comprometida con Bruselas -uno de los ajustes que la Comisión Europea presionó para dar salida a los desembolsos de los fondos de recuperación postcovid y que lleva en vigor desde principios de enero- establece que las prestaciones se revalorizarán con el IPC interanual de noviembre, por lo que será necesario esperar hasta entonces para cuantificar el coste de esta medida en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

“Hemos cambiado una ley en la que se plantea que la revalorización de las pensiones sea conforme al IPC y la cumpliremos, pero tenemos que esperar a aproximarnos a ese mes de noviembre para tenerlo previsto en el Presupuesto de 2023”, afirmó la titular de Hacienda.

La ministra señaló que, aunque se desconoce cómo evolucionará la inflación en los próximos meses, los “pocos análisis” que hay al respecto apuntan a que en el segundo semestre del año “se podría estar produciendo una estabilización de la inflación para cerrar el año con un dato que no sea ni mucho menos parecido al experimentado en el primer trimestre”.

Montero recordó además que la inflación subyacente, “que no está contaminada por los precios energéticos”, se encuentra “muy lejos de los dos dígitos que están viviendo algunos países” y ha subrayado que “cuanto antes acabe la guerra” en Ucrania, antes bajará la inflación en el conjunto de países europeos. El conflicto bélico ha agravado el estado de las economías europeas, que ya estaban dañadas por los efectos de los dos años de pandemia y otros problemas de fondo, como el encarecimiento de los costes energéticos y la crisis de suministros a la industria, que está sufriendo las consecuencias del parón en las fábricas de componentes en Asia.

El Banco de España ha calculado que actualizar las pensiones en 2023 con una inflación media del 7% costaría unos 12.600 millones a las arcas públicas. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), por su parte, rebaja la cifra en su último informe sobre esta materia a los 10.200 millones de euros. Volúmenes de gasto a priori elevados que el Ejecutivo trata de relativizar aludiendo a los ingresos. En una entrevista en el diario ‘La Razón’ este domingo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, criticó las “aproximaciones cortoplacistas” sobre la sostenibilidad de las pensiones y remarcó que “nunca hemos tenido unos niveles de ingresos por cotizaciones como estos últimos años”.

Indexación. Ciudadanos solicitó ayer la comparecencia en el Congreso de Escrivá para que explique el motivo de dejar a las pensiones fuera del pacto de rentas, provocando así, en su opinión, que el “reparto de sacrificios” repercuta sólo en los bolsillos de los trabajadores y las empresas, subrayó Edmundo Bal, que consideró “injusto” que las pensiones continúen indexadas al IPC, si bien puso a salvo a las retribuciones mínimas. “¿Van a subir los impuestos para pagar esas pensiones?”, se preguntó.