La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado cuatro años de prisión para el empresario siderúrgico vasco José María Aristrain por la supuesta compra fraudulenta de un inmueble para eludir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y pide que se declare la nulidad de dicha operación.
En su escrito, cuyo contenido se ha conocido este martes, el Ministerio Público le imputa un delito de frustración de la ejecución, por adquirir a su nombre una vivienda de casi 2.000 metros cuadrados (m2) propiedad de una mercantil de la que era administrador único para, presuntamente, eludir el IVA y que no se la embargaran.
El 1 de julio de 1998, Aristrain constituyó ante notario la sociedad Pioninin S.L. de la que era administrador único y tenía el 99 % de participación.
A tenor de la Fiscalía, la mercantil, situada en la madrileña calle de Zurbano, tenía como objeto la compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas, así como la compra, suscripción, tenencia, permuta y venta de valores mobiliarios.
Pese a ello, advierte el escrito, su rol "inmediato" era la adquisición de un inmueble situado en un portal de esa misma calle, una vivienda unifamiliar de 1.969 m2, "que ha constituido su única partida de activo".
Tras sucesivos aumentos de capital, la Corporación JM Aristrain S.L, propiedad del empresario, pasó a ostentar el 100 % de las participaciones de Pioninin por medio de una escritura pública, de 28 de marzo de 2012, y por compensación de un crédito reconocido a esta sociedad de la que era socio y administrador único.
Para el Ministerio Público, entre 2005 y 2012 se ejecutaron una serie de obras en el inmueble que motivaron que Hacienda iniciara una inspección donde se comprobó que no era deducible el IVA soportado de las facturas recibidas por Pioninin, por la ejecución de dichas obras.
De hecho, concluyó con una regularización que se extiende al IVA devengado por la sociedad durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011, donde se descubrió una cuota no declarada por importe de superior a los 661.296 euros, de los cuales 540.573 euros corresponden a cuota, y 120.722 euros, a intereses.
En diciembre de 2012, "ante la previsión de la ejecución tributaria", Aristrain, como administrador único de Pioninin, compareció en una notaría donde habría otorgado un poder especial en favor de otro acusado, D.Q.P, para quien el fiscal también solicita cuatro años de prisión.
Ambos se habrían puesto de acuerdo para hacer "infructuosa" la ejecución, indica la Fiscalía, que expone que, en el mismo acto le entregó una escritura de compraventa por la que el siderúrgico adquirió la finca que le transmite Pioninin, por un precio de 5,5 millones de euros, más otros 220.000 euros de IVA.
El pago, no obstante, se aplazó "íntegramente" por un plazo de cinco años "sin ninguna garantía ni requisito adicional, ni elevarse a inscripción registral, dejando con ello a la sociedad sin ningún activo".
Asimismo, la deuda tributaria dio lugar a que, "tras las correspondientes acciones ejecutivas", se trabara el inmueble, y cuando se iba a celebrar la pertinente subasta, el acusado opusiera una tercería de dominio "frustrando la ejecución y dejando a la sociedad sin activo alguno".
A comienzos de este mismo año, recuerda el escrito, Pioninin ingresó 120.000 euros en la Agencia Tributaria a cuenta de la deuda.
NUEVO PROCEDIMIENTO
Esta acusación llega apenas dos meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid absolviera a Aristrain de los delitos contra la Hacienda Pública que le achacaban la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y de simular que tenía su domicilio fiscal en Suiza.
En aquella sentencia, la sala consideró que la prueba realizada era "insuficiente" y no acreditaba que el empresario "simulara un traslado de su residencia habitual durante los años 2005 a 2009".
Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba para él 64 años de cárcel y 1.190 millones de euros de multa por un supuesto fraude de 211 millones.
Sin embargo, tras el trámite de las cuestiones previas, el tribunal declaró prescritos varios delitos por los que se pedían 24 años de prisión y 410 millones de multa.
