- La Comisión Europea presentó ayer una propuesta legislativa para obligar a las grandes empresas a proteger los derechos humanos y el medioambiente en la cadena de suministros, con la vista en el trabajo forzado o la explotación infantil en terceros países.
La iniciativa, que el Ejecutivo comunitario tendrá que negociar con los Estados miembros a través del Consejo de la UE y con el Parlamento Europeo, afectaría a unas 13.000 empresas europeas de gran tamaño y unas 4.000 no europeas y dejaría exentas a las pymes, según la propuesta de Bruselas.
En concreto, la Comisión quiere que abarque a las compañías con más de 500 empleados y 150 millones de euros de facturación global, así como a empresas con más de 250 empleados y 40 millones de facturación en sectores de alto impacto” como el textil, la agricultura, las industrias madereras y pesqueras, la ganadería, la minería y algunas manufacturas básicas metálicas.
Bruselas desea vigilar mejor aspectos básicos como disponer de condiciones de trabajo seguras y saludables y, en caso de incumplimiento con esas obligaciones de rastreo a través de la cadena de suministros, las firmas podrán ser multadas.
La iniciativa también podría afectar a la remuneración de directivos, pues la Comisión sugiere que si la empresa paga variables a altos cargos como complemento salarial, se deberán conocer en qué medida esos profesionales han contribuido a alinear la compañía con sus obligaciones con el respeto al trabajo digno y al medioambiente.
