- El sindicato LAB, que ha mantenido viva la pugna en torno a la cuestión fiscal en las cajas de resistencia, declaró el pasado martes que va a dar inicio a “un nuevo ciclo de lucha en Euskal Herria y para ello son necesarias herramientas, entre ellas, la caja de lucha”. El sindicato valoró que con la decisión del TSJPV “se cierra un capítulo” de forma que sale reforzado su modelo sindical.

Para LAB, la petición de las diputaciones en 2018 de informar sobre las cantidades abonadas a huelguistas “fue desde el punto de vista técnico sorprendente, ya que no se dio ninguna modificación normativa”. “LAB sospechó desde el principio que detrás del requerimiento había una decisión política”, denunció el sindicato de Garbiñe Aranburu.

La caja de lucha (borroka kutxa) de LAB se creó hace diez años y ha dado protección a 3.000 trabajadores que estaban en huelga o tenían que enfrentarse a multas y otras sanciones derivadas de la acción sindical. Tiene un recorrido y alcance mucho más limitado que la de ELA, aunque la intención es ampliar su cobertura de forma que permita llegar a más conflictos. En un principio LAB la creó para atender situaciones muy puntuales derivadas por ejemplo de multas o para trabajadores y familias en situaciones económicas muy precarias.

“La caja de lucha ofrece un respaldo eficaz para hacer frente a las diferentes tácticas de la patronal para contrarrestar el sindicalismo y sus logros, como ahogar económicamente a los trabajadores durante las huelgas, la imposición de multas y sanciones o los despidos ideológicos”, declaró este pasado martes Igor Arroyo, número dos de LAB.

En el caso de ELA su caja de resistencia está más consolidada y puede decirse que es una pata central a nivel organizativo y sindical. El sindicato mayoritario cobra a sus afiliados las cuotas más altas precisamente para poder alimentar este fondo, al que recurre cuando hay un conflicto estratégico.

Desde la histórica huelga de la fábrica alavesa Caballito (dos años de huelga, un récord batido ahora por la plantilla de Novaltia), pasando por las residencias vizcaínas, Tubacex o la propia Novaltia, la caja de resistencia ha sido vital para sostener el pulso. La caja de ELA paga unos 1.200 euros, aunque en determinados conflictos puede llegar a cubrir el salario completo.