El regreso a la oficina de los funcionarios de la administración estatal, prevista para el inicio de este mes de octubre, marca el punto final simbólico de lo que ha sido este año y medio de teletrabajo forzoso a causa de la pandemia. El sector público recupera prácticamente la normalidad (los funcionarios del Estado aun podrán trabajar desde casa un día a la semana), mientras que buena parte de las empresas privadas, muchas antes del verano, habían ido ya organizando la vuelta a la oficina.
Quedará en pie, eso sí, el teletrabajo que ya existía antes de la pandemia y el que ha llegado a causa del covid y, por circunstancias, lo ha hecho para quedarse. Algunas empresas, sobre todo empujadas por la nueva ley, han aprovechado este último año y medio para acordar con sus trabajadores sistemas mixtos que permitan hacer desde casa una parte de la jornada. Según datos de Lexington, que se dedica a alquilar espacios de coworking, a nivel del Estado cuatro de cada diez empresas han vuelto ya al trabajo presencial mientras que apenas un 15% mantienen el teletrabajo como tal.
El resto, casi la mitad de la muestra, encaran el otoño con un sistema mixto que combina oficina y trabajo desde casa. Los días preferidos para teletrabajar son los lunes y los viernes, mientras que de martes a jueves tiende a imponerse la presencialidad.
Según datos del INE, durante el confinamiento hubo 3 millones de trabajadores en España que hacían su trabajo desde casa, cifra que ha ido menguando. Bajaba ya de los 2 millones antes de este verano y lógicamente con el avance de la vacunación el número sigue cayendo. En la CAV, Eustat situaba el porcentaje de vascos que hacían al menos un tercio de su jornada en su domicilio en el inicio de 2021 en el 12%, aunque en los primeros compases de la pandemia el alcance fue mayor.
Y es que muchas empresas, sobre todo las grandes, hicieron los deberes ya en 2020. Ese fue el caso de Kutxabank, que inició la desescalada del teletrabajo en junio, justo cuando el virus daba su primera tregua, y para el mes siguiente las oficinas habían ya vuelto a la normalidad con casi la totalidad de la plantilla presente en su puesto de trabajo, explican desde la entidad.
En este tiempo el banco ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para renovar el convenio, en el que se ha incluido la regulación del teletrabajo voluntario y enfocado a la mejora de la conciliación, tal y como exige la ley aprobada por el Gobierno español en la pandemia. Un proceso similar ha seguido otra gran empresa como Iberdrola, que llegó a contar con el 95% de la plantilla en teletrabajo en el inicio de la pandemia pese a prestar un servicio esencial. La eléctrica incluyó en su convenio a finales de 2020 lo que será el sistema estructural de teletrabajo. La empresa explica que se han incluido aspectos que van más allá de la ley como la prevención, la flexibilidad horaria o la seguridad de la información.
La nueva ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en la pandemia considera teletrabajo regular el que se realiza en esta modalidad durante al menos el 30% de la jornada en un periodo de tres meses, es decir, al menos un día y medio por semana. Las empresas deben regular este sistema de trabajo, normalmente a través de la negociación colectiva, y concretar aspectos como el pago de los gastos, el horario o el equipamiento necesario. En todo caso, en último caso acogerse al teletrabajo debe ser voluntario tanto para la empresa como para el trabajador.
El Gobierno central ha fijado el retorno casi total de los funcionarios del Estado (unos 230.000, algo más de 10.000 en la CAV) para este viernes 1 de octubre, de forma que a partir de la próxima semana únicamente podrán teletrabajar un día por semana. Una decisión que fue acogida con cierto desagrado entre los empleados públicos afectados, pero que viene a poner el broche a lo que han sido unos últimos meses de progresiva vuelta a la normalidad en las oficinas en especial a partir del acelerón en el proceso de vacunación. El área de Función Pública del Estado justifica la medida en un intento de recuperar la normalidad en la atención al público toda vez que se pretende acabar con el sistema de cita previa en enero de 2022.
