l Gobierno ha decidido reabrir públicamente el debate sobre los sueldos de los directivos de banca y las medidas propuestas por algunas entidades para ganar eficiencia y que ponen en peligro casi 19.000 empleos en plena pandemia. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró la semana pasada que “desde hace tres años” el Ejecutivo ha venido advirtiendo al sector de que la pérdida de rentabilidad y los retos de la creciente competencia y la digitalización iban a exigir determinadas medidas, siempre “minimizando el impacto en el empleo”.
Además, la también ministra de Asuntos Económicos añadió que ha compartido “esta preocupación” con las propias entidades financieras españolas -ya sea de forma directa o a través de las patronales CECA y AEB- y con el Banco de España.
Sin embargo, a pesar de las medidas que hayan podido tomar las entidades en los últimos años, la crisis del coronavirus ha marcado un punto de inflexión porque por una parte ha alargado el escenario de tipos negativos en Europa, lo que afecta directamente al negocio bancario, y por otra ha disparado el uso de canales remotos.
La banca ha insistido desde el comienzo de la pandemia en que podía ayudar a familias y empresas a capear la situación y además de aumentar la concesión de créditos con avales del Estado, ha ampliado medidas de alivio como las moratorias hipotecarias y de consumo. Aun así, la presión sobre el sector por ganar rentabilidad y la rápida adaptación de los clientes a los servicios bancarios digitales ha animado a las principales entidades a plantear ajustes que pasan por el cierre de sucursales y el despido de miles de trabajadores.
A pesar de que el Banco Santander sacó pecho al principio de la pandemia de que mantendría el empleo, unos meses después fue el primero en anunciar un recorte de plantilla que supondrá la salida de más de 3.500 trabajadores y marcó el camino a la gran banca.
Sabadell inmediatamente después puso encima de la mesa un plan para suprimir 1.875 empleos en España, y CaixaBank, tras la fusión con Bankia, ha planteado esta pasada semana el despido de 8.291 trabajadores, el récord de la historia del sector.
El último gran banco en sumarse a los recortes ha sido BBVA, que el jueves propuso a los sindicatos prescindir de casi 3.800 puestos de trabajo, más de 3.000 en la red de sucursales.
A ojos de Calviño, la destrucción de empleo en el sector supone una destrucción de valor y pérdida de capital humano para España “que no podemos permitirnos”. Pero la vicepresidenta ha afeado también que los directivos de banca reciben sueldos y bonus “inaceptables”, remuneraciones que, en su opinión, no se corresponden con la situación económica del país y aun menos en entidades que anuncian fuertes recortes de personal y cierres de oficinas.
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ganó 6,8 millones de euros en 2020 entre sueldo y pensión, mientras que su homólogo en BBVA, Carlos Torres, percibió 4,05 millones en el mismo periodo. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, cobró 2,83 millones y el del Sabadell en 2020, Jaime Guardiola, 2,68 millones.
El sueldo más bajo fue el del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que ascendió a 500.000 euros, si bien la entidad tenía limitados los sueldos de su cúpula por las ayudas recibidas, circunstancia que no aplica tras su llegada a CaixaBank. Como nuevo presidente de la entidad, el banquero verá más que triplicado su salario, hasta un sueldo fijo de 1,65 millones.
El Gobierno de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, fue el primero en poner límites a los sueldos de los directivos bancarios, pero lo hizo únicamente en las entidades que recibieron ayudas.
Los accionistas son los encargados de aprobar la política de remuneraciones de cada entidad y el Banco Central Europeo, como supervisor de los principales bancos, sólo puede limitar el pago de bonus si ponen en peligro la solvencia de la entidad. Queda ahora por ver si el Gobierno llega a establecer algún tope a los emolumentos de los banqueros.
Mensaje al sector. El Estado tiene una participación del 16,1% en CaixaBank tras la absorción de Bankia. El 14 de mayo se celebrará la primera junta de accionistas como grupo consolidado en la que los accionistas deberán votar una retribución acordada por la cúpula para Goirigolzarri de 1,65 millones de euros fijos más un máximo de 200.000 euros en concepto de variable. De este modo, la próxima cita con accionistas podría ser una ocasión para que el Estado exprese su postura respecto al sueldo del consejo de administración y lance así un mensaje al conjunto del sector.
