- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana volvió a rechazar la limitación de precios máximos que exige el de Derechos Sociales y propuso ayer bonificar hasta en un 90% los alquileres en zonas tensionadas si el propietario rebaja el precio al menos un 10%. Además, también plantea modular la actual desgravación del 60% en el IRPF a los arrendadores.

La propuesta que este miércoles ha entregado el secretario general de Vivienda, David Lucas, a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, en el marco de la negociación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, plantea establecer, en los nuevos contratos de arrendamiento, un porcentaje de reducción general hasta el 50%, modulable en función de diversos criterios.

En el documento, el departamento que dirige José Luis Ábalos se reafirma en que los sistemas de limitación de precios que exige su socio de gobierno “no han demostrado su eficacia en Alemania o Francia”.

Para el alquiler de viviendas a jóvenes entre 18 y 35 años, Ábalos prevé una reducción adicional del 20% (70% en total), mientras que para el de vivienda protegida y casas recientemente rehabilitadas prevé que sería de un 10% adicional (60% en total), siempre que se hayan realizado obras de rehabilitación o mejora en la vivienda en los últimos tres años que impliquen un desembolso de más de seis meses de renta. En los casos de arrendamientos a inquilinos con “ingresos reducidos” en un porcentaje por determinar, propone una bonificación también en fase de estudio.

La propuesta introduce en el anteproyecto de ley la posibilidad de que las comunidades y ayuntamientos puedan declarar por un periodo de tres años zonas de mercado residencial tensionadas, es decir, en las que el precio de la vivienda haya subido sustancialmente.

En esos ámbitos en los que “se haya producido un incremento sostenido en los alquileres y los hogares sufran una mayor sobrecarga financiera para el pago del alquiler”, el Agenda Urbana apuesta por bonificar los alquileres inferiores a una renta máxima con un 20% adicional, si se trata de la incorporación al mercado de nuevas viviendas, y más de un 10% si es respecto al contrato anterior.

Asimismo propone otorgar una bonificación del 70% a los propietarios que cedan sus viviendas para alquiler social o asequible a comunidades o ayuntamientos en el marco de algún programa público. Respecto a la cesión o alquiler de vivienda a entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a hogares o colectivos vulnerables, prevé que los propietarios se puedan acoger a la misma reducción del rendimiento neto obtenido a través del acuerdo con la entidad.