- El Consejo de Ministros aprobó ayer prohibir por ley el despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción, anunció la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que precisó que esta medida se articulará a través de una cláusula que impedirá despedir en un “elenco muy importante de supuestos”.
La ministra explicó que la prohibición, vigente desde ayer sin efectos retroactivos, se implanta porque ya se ha dado a las empresas un mecanismo excepcional como son los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) durante la crisis sanitaria sin destruir puestos de trabajo.
“Nadie puede aprovecharse de esta crisis para despedir”, enfatizó la ministra, que señaló que las empresas no deben extinguir tampoco contratos temporales, sino interrumpirlos, pues la crisis es sólo un paréntesis.
Díaz indicó que en caso de impugnaciones ante la Justicia, los tribunales decidirán la procedencia o improcedencia de un despido. “No hay que confundir las causas de un despido con su calificación”, indicó.
El Consejo de Ministros también aprobó “revisar de oficio” todos los ERTE que se están aprobando. Si a posteriori se ve algún fraude, se obligará a las empresas a devolver “hasta el último céntimo de euro” del que se hayan beneficiado, incluyendo las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados, subrayó Díaz, que añadió que esto hace innecesario endurecer el silencio administrativo.
Estas medidas y otras más forman parte de un nuevo bloque de iniciativas “muy ambiciosas” de carácter social que, según subrayó la titular de Trabajo, “ahondan en el escudo social” frente a la crisis del covid-19.
Además se aprobó simplificar los ERTE a través de un formulario “muy sencillo” para su envío al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el que las empresas sólo tendrán que consignar unos pocos datos (nombre de los trabajadores afectados, DNI, base reguladora de cotización y cuenta bancaria), que permitirá reconocer las prestaciones públicas por desempleo de manera inmediata.
“No tiene sentido despedir cuando el propio Gobierno está permitiendo los ERTE hipersimplificados”, insistió la titular de Trabajo.
El Gobierno acordó introducir la presunción legal de estar en alta en el desempleo para agilizar la percepción de la prestación. De primeras se reconocerá la prestación y, si el beneficiario tiene hijos, se le pagará el complemento correspondiente (con un hijo la prestación máxima es de 1.254 euros al mes y con dos, de 1.400).
El Consejo de Ministros dio también el visto bueno a la posibilidad de que los consejos rectores de los socios cooperativistas puedan presentar ERTE.
Preguntada por la petición de los empresarios de que se suprima la condición de mantener el empleo durante seis meses después del ERTE, Díaz remarcó que la legislación que regula los ERTE exige el mantenimiento durante un año, mientras que ahora se pide sólo seis meses.
Vigencia. La prohibición de despedir rige desde ayer y no tiene efectos retroactivos.
La ministra de Trabajo y Economía Social cree que las medidas “ahondan en el escudo social”.
Tranquilidad. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiso tranquilizar a quienes cobran el paro el día 10 de cada mes. Sobre si el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está colapsado y hay riesgo de que la prestación se retrasara, Díaz puso de relieve que se está trabajando “a destajo”, reconoció el trabajo de los empleados públicos del SEPE y resaltó que a día de hoy estos trabajadores tienen todos los sistemas para desarrollar su actividad. “Están haciendo su trabajo de manera magnífica, pero tranquilidad, porque los expedientes se van a tramitar y las prestaciones se van a reconocer con prontitud”, añadió Díaz, confirmando que se cobrarán el día 10.
