Madrid - La patronal de industrias alimentarias FIAB mostró sus “dudas” sobre la “efectividad” y la compatibilidad con la libre competencia de una de las medidas del real decreto ley, aprobado ayer por el Gobierno, que obliga a incluir en los contratos alimentarios los costes de producción. El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, conside´ro que el real decreto ley con Medidas Urgentes para la Agricultura, dirigido a aliviar la crisis del campo, tiene aspectos positivos, pero también incluye medidas que generan interrogantes a las industrias alimentarias.

Dentro de los aspectos que afectan a esta industria, valoró positivamente la prohibición de la venta a pérdidas para evitar la destrucción de valor a lo largo de todos los eslabones de la cadena. También celebró la publicación de las sanciones, que se prohíba que el “último eslabón” pueda transferir sus riesgos empresariales a otros eslabones, así como el veto a promociones que puedan confundir al consumidor o que deterioren la imagen de un producto.

Sin embargo, el responsable de FIAB se refirió al artículo de la normativa que afecta a la inclusión del coste efectivo de producción, en los contratos que suscriben agricultores y ganaderos con fabricantes o supermercados. Reconoció que esta medida despierta dudas y que hay que “estudiar en profundidad” su efectividad práctica o la de un índice que determine tales costes y si es compatible, o por el contrario “restringe”, las normas de la competencia. Añadió que el gasto de obtención de un producto no es igual en todos los casos, sino que depende de la competitividad o la productividad de cada sector e incluso de los distintos agricultores o ganaderos: “El más productivo tendrá un índice inferior”. Para la industria es una incógnita cómo se reflejará dicho coste para que se aplique “de una manera clara o transparente”, según García de Quevedo. - Efe