Vitoria - El nuevo Gobierno central que lidera el socialista Pedro Sánchez se enfrenta al reto de hacer cumplir el primer gran compromiso con la clase trabajadora tras el pacto alcanzado para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros brutos mensuales y que no es otro que retocar la reforma laboral que puso en marcha, en su última fase, el PP.

Pedro Sánchez tras ganar las primarias a la secretaría general del PSOE, afirmó tajante que "la primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores".

Y aunque hasta ahora ha cumplido sus compromisos electorales como el alza de las pensiones en un 0,9% y el citado aumento del salario mínimo, poner en marcha una contrarreforma laboral no es tan sencillo, y menos en medio de una fase de ralentización económica y donde, por ejemplo, la primera industria del Estado, la del automóvil, tiene que competir en medio de la transición hacia el vehículo eléctrico con los menores costes laborales de otros países del este de Europa.

El socio de gobierno del PSOE, Unidas Podemos, y los sindicatos UGT y CCOO, mayoritarios estos en el conjunto del Estado, insisten en presionar al ejecutivo para que modifique la normativa laboral y, de hecho, el programa electoral de los socialistas para las últimas elecciones recogía "cambios que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012" y "un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI compatibilizando el crecimiento económico con la dignificación de las condiciones laborales".

Y en relación a esta última frase, el orden de los factores sí que altera el producto ya que el Gobierno central no parece estar por la labor de dar prioridad a la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy ya que prefiere modernizar antes el Estatuto de los Trabajadores. El sindicato ELA también ha señalado más de una vez, por boca de su secretario general, Mitxel Lakuntza, su coincidencia con Unidas Podemos en que la prioridad es derogar la reforma laboral.

Algo que no parece que se vaya a concretar, al menos como quieren los sindicatos, porque la ministra del área económica, Nadia Calviño, ya ha marcado el terreno de juego al señalar que la prioridad es "mantener el crecimiento económico".

Si la modificación es parcial, como así parece, ¿qué elementos considera el Gobierno español más lesivos de la reforma laboral sobre los que estaría dispuesto a actuar rápidamente?

Pues entre esas actuaciones urgentes se contempla el devolver la prioridad al convenio sectorial sobre el convenio de empresa -una aspiración de la mayoría de las fuerzas laborales en Euskadi- y recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, que implica su vigencia indefinida mientras no se pacte uno nuevo y que la reforma del PP limitó a un año.

Otro aspecto que sí se podría retocar ya, siempre según fuentes cercanas al movimiento sindical vasco, es la derogación de la normativa que facilita el despido en caso de absentismo laboral aunque este sea por causas médicas incuestionables.

En la reunión entre los diferentes agentes sociales -sindicatos y organizaciones empresariales españolas-, que han cerrado el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este tema ya fue tratado, según las citadas fuentes.

También se quiere poner sobre la mesa la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para limitar la subcontratación laboral a servicios especializados ajenos a la actividad central de la empresa.

Asimismo, contempla limitar la inaplicación de los convenios para que solo sea posible el descuelgue salarial vinculado a causas económicas "graves", ya que el Partido Popular lo amplió a causas económicas, organizativas, técnicas y de producción. También se quiere establecer la contratación indefinida como forma ordinaria de acceso al empleo y restringir la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa, entre otras cosas.

La modificación de otros aspectos de la reforma laboral técnicamente más complejos, como la contratación y el despido, requieren de un debate más reposado y de mayor profundidad.

No hay que olvidar, según recuerdan los empresarios, que la reforma laboral también ha traído aspectos positivos para la actividad económica en general como el dotar de mayor flexibilidad a las organizaciones empresariales, algo clave para poder afrontar los rápidos cambios de las economías globalizadas.