Vitoria - El mercado del automóvil sigue revuelto de cara al presente 2020, una situación que no favorece ni a los concesionarios que comercializan los vehículos, ni a la poderosa industria vasca ligada a la automoción. La razón es la nueva normativa de emisiones que tienen que cubrir los fabricantes de coches y que en caso de sobrepasar la media de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera fijada por Bruselas, 95 gramos de CO2 por kilómetro, les puede acarrear cuantiosas multas económicas.
Para evitar esas sanciones y teniendo en cuenta que las emisiones medias actuales son del orden de los 118 gramos, las ventas de coches eléctricos tendrían que triplicarse este año y las de automóviles con motores de tecnología diesel, volver a representar casi el 50% del total (ahora un 28%) porque los motores de gasóleo consumen menos combustible -luego emiten menos CO2, otra cosa son las partículas- que los de gasolina, según la asociación de concesionarios Faconauto.
Europa quiere agilizar la descarbonización en el transporte individual algo que pasa por aumentar las ventas de vehículos de cero emisiones pero el auge del coche eléctrico va más lento de lo previsto, al menos en Euskadi y en el conjunto del Estado español.
La combinación de precios bastante más altos que sus homólogos de gasolina, entre un 40% y un 50%, y las limitaciones tecnológicas de los vehículos eléctricos, básicamente derivados de las baterías, en cuanto a menor autonomía, mayor tiempo de recarga y escasez de puntos de recarga, no han logrado situar al coche eléctrico como primera opción de los ciudadanos.
Y los datos no engañan. En un mercado como el del Estado español en el que se vendieron 1,258 millones de coches y se fabricaron 2,82 millones de unidades en el recién finalizado 2019, las matriculaciones de coches eléctricos alcanzaron sólo el 0,8%; en la CAV, el 0,5% del total, y el 0,9% en Navarra.
La Unión Europea quiere que las emisiones medias de los vehículos que comercialicen los fabricantes de automóviles en Europa este año se reduzcan sustancialmente. Así, la legislación comunitaria establece que el conjunto de todos los vehículos que matricule cada fabricante en Europa este año deberá emitir de media un máximo de 95 gramos de CO2 por kilómetro. Lo que no significa que todos los coches que se vendan tengan que emitir por debajo de ese límite. Se trata de un promedio. Por tanto, si una marca tiene un coche que emite, por ejemplo, 120 gramos, deberá tener otro modelo que no pase de los 60 gramos para poder compensar.
Y lograr estas cotas no es nada sencillo. Si analizamos los datos de emisiones de los coches nuevos vendidos en Euskadi el último año se ve que en la CAV, la media ha sido de 121 gramos, una cifra que no se ha podido reducir, según Faconauto, porque se han vendido un 25,8% menos de automóviles con tecnología diesel (y un 3% más de gasolina) y los de gasóleo consumen menos combustible. En Nafarroa las emisiones medias han sido de 120 gramos.
Como se puede apreciar estos 120 gramos están muy lejos de los 95 que quiere imponer Europa este año salvo que las ventas de coches eléctricos se multipliquen, algo que no es sencillo por mucha presión que metan las autoridades. El problema es que los consumidores, afortunadamente, todavía son libres para decidir que vehículos comprar y si apuestan por seguir adquiriendo coches de combustión porque los consideran más asequibles y utilizables ponen en un brete a las empresas fabricantes de coches ya que se puede enfrentar a una multa millonaria, algo que no sería raro salvo que se vendan muchos coches eléctricos. Y estos, hoy por hoy, son mucho más caros y disponen de menos autonomía que sus equivalentes de gasolina.
Las marcas se encuentran así con la cuadratura del círculo y varios fabricantes de automóviles reconocen que tendrán problemas para lograr esas medidas tan bajas de emisiones y si no lo hacen se puede temer que las multas las acaben pagando los consumidores vía subidas de precios de los coches, hasta unos 2.500 euros por cada uno de los vehículos.
De hecho, en el sector se señala, que algún fabricante de marca premium ante la imposibilidad de reducir las emisiones medias de sus vehículos a los niveles requeridos contempla alzas de tarifas, algo que tal vez se puedan permitir las marcas de lujo pero no las generalistas.
Sanciones millonarias Las primeras estimaciones calculan que de aplicarse a rajatabla la normativa los fabricantes podrían afrontar sanciones de unos 14.000 millones de euros, un hecho que no ayuda a la industria del motor europea frente a competidores de otros lares que no tiene que afrontar en otros mercados normas tan estrictas. De ellos, unos 3.000 millones en el Estado.
En el caso del Estado español, la caída de ventas de los vehículos con motores de tecnología diesel y el aumento de los de gasolina, que gastan más litros de combustible por recorrido aunque contaminen menos, ha hecho que las emisiones de CO2 hayan crecido un 0,8%.
En este contexto, y con estas incertidumbres sobre la mesa no es de extrañar que la industria del automóvil en la Unión Europea espere que el 2020 traiga una caída del 2% en las ventas de coches, la primera en seis años, en un ejercicio marcado por las mayores exigencias medioambientales y las alteraciones que las políticas arancelaria de los EEUU de Trump generan en las cadenas logísticas.