madrid - El nuevo Gobierno español que lidera Pedro Sánchez ha abierto el camino para tratar de flexibilizar los objetivos de reducción de déficit que fija la Comisión Europea. Una delegación del Ejecutivo viajará esta próxima semana a Bruselas para abrir negociaciones con la Comisión para suavizar el recorte de déficit necesario este año y los dos ejercicios siguientes y evitar así nuevos recortes del gasto público.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado esta semana que los datos de estabilidad de 2019 se conocerán en marzo y, con esas cifras, negociará con Bruselas la flexibilización de la senda de reducción de déficit. Esos nuevos objetivos serían llevados al Congreso y, posterioremente, al proyecto de Presupuestos de 2020. Montero indicó el viernes que la intención de Hacienda es presentar "a la mayor brevedad posible" el proyecto de Presupuestos de 2020, al ser una de las "prioridades más importantes" del Gobierno tras un tiempo "muy largo" de dos años de prórroga presupuestaria de las cuentas del exministro Cristóbal Montoro.
No obstante, la ministra indicó que antes tiene que abordarse la negociación con Bruselas de la propuesta del límite de gasto no financiero (techo de gasto) y la senda de estabilidad, como requisito previo a las nuevas cuentas públicas. A este respecto, el Ejecutivo muestra su interés por mantener una conversación "fluida y franca" con Bruselas, tarea en la que desempeñará un papel protagonista la vicepresidenta económica Nadia Calviño, y a partir de ello empezar a elaborar la propuesta de estabilidad presupuestaria del Ejecutivo para el próximo trienio.
"Mientras que España siga disminuyendo el déficit, las autoridades europeas escucharán los razonamientos del Gobierno para intentar acompasar el cumplimiento de las cuentas públicas con la recuperación de los derechos de los ciudadanos arrebatados fundamentalmente durante la crisis", señalaba el viernes Montero.
Todo pasa por lograr que Bruselas, que ahora obliga a una reducción estructural del déficit del 0,65% del PIB, el equivalente a unos 8.000 millones de gasto público, acepte rebasar en unas décimas este objetivo o bien aplazar esa meta. La cuestión es que ya en 2019 España debería haber reducido el déficit en ese porcentaje, algo que no ha ocurrido al haber una prórroga presupuestaria. El argumento de Sánchez es que la situación especial del año pasado impidió apretarse el cinturón, por lo que pedirá que el desvío no se tenga en cuenta. El Banco de España prevé que el déficit cierre 2019 en el 2,4%, lo que apenas supondría una décima menos que en 2018. - Efe