Gasteiz - Quedan menos de dos semanas para la huelga general convocada en la CAV y Nafarroa por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, un bloque sindical y social diverso en el que ELA y LAB tienen un peso específico. A medida que se acerca el día 30 instituciones, partidos y organizaciones van posicionándose a favor o en contra, siendo especialmente llamativa la oposición a la protesta mostrada por ciertas agrupaciones de pensionistas. Ayer se conoció que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido por carta a ELA y LAB, en respuesta a una solicitud de reunión formulada por estos sindicatos, que desconvoquen la huelga por el “perjuicio” que va a causar a la actividad económica y a los ciudadanos.

El jefe del Gobierno Vasco argumenta que las principales reivindicaciones de la movilización, que pivotan en torno a la mejora de las pensiones públicas y de las condiciones de trabajo, van más allá de las competencias de la CAV. Por ello reclama “una reflexión crítica” ante “el desajuste” que supone convocar una huelga general “aduciendo reivindicaciones que exceden a las competencias propias del Gobierno Vasco y atañen a otras instituciones”. En ese sentido, el lehendakari recuerda que los dos partidos que forman el Gobierno, PNV y PSE, se opusieron en el Congreso español a la aprobación en 2012 de la reforma laboral. En cuanto a las pensiones, señala que su futuro depende del Pacto de Toledo y, por tanto, de partidos y sindicatos a nivel estatal, y añade que tanto su gobierno como el Parlamento Vasco han solicitado en numerosas ocasiones el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, algo “que no ha sido posible hasta ahora”.

En su carta, rechaza la propuesta de reunión realizada por la Carta Social para abordar sus reivindicaciones argumentando que la convocatoria está en marcha desde hace meses y que por tanto su anulación no depende de una cita con Lehendakaritza. Sobre la protesta en sí, Urkullu lamenta que “solo provocará un perjuicio al normal desenvolvimiento de la economía y la vida ciudadana”, por lo que pide la retirada de una medida “tan desproporcionada”.

Que el máximo representante del Gobierno Vasco se muestre contrario a una huelga general no es de extrañar, pero sí es verdad que el paro está volviendo a alimentar el clima de tensión entre Lakua y los sindicatos abertzales, unas relaciones que ya arrastran grandes desencuentros en los últimos años.

El terreno laboral es, precisamente, uno de los que más quebraderos de cabeza está generando al gabinete de Urkullu y, en general, a las instituciones controladas por el PNV. Conflictos como el de las residencias de Bizkaia o, más recientemente, el del Metal han supuesto fuertes críticas cruzadas entre representantes institucionales y dirigentes de ELA.

La huelga general del próximo día 30, la primera que se convoca en Euskal Herria desde el año 2013 -al margen de los paros convocados los últimos dos años con motivo del 8 de marzo-, es otro capítulo dentro de esa dinámica de enfrentamiento. Y eso que la propia convocatoria nace con las pensiones como principal referencia, cuestión a la que luego se han sumado otras problemáticas como la precariedad o la pobreza. Entre los agentes a los que interpela la Carta Social están los gobiernos vasco y navarro, pero también el Ejecutivo de Madrid y la patronal vasca.

reunión con chivite Con todo, los sindicatos han remitido sendas cartas tanto al lehendakari como a la presidenta de la Comunidad Foral de Nafarroa, María Chivite, para solicitar a ambos dirigentes una reunión en la que explicar los motivos de la huelga. La segunda ha aceptado recibir a los secretarios generales de ELA y LAB, Mitxel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, el lunes 27, mientras que Urkullu ha declinado la propuesta argumentando que tanto las pensiones como el grueso de la legislación laboral están en manos de Madrid.

“Ha vuelto a quedar claro de lado de quién está este lehendakari. Comparte muchos espacios con la patronal, que está impulsando la precariedad”, reprocharon ayer ELA y LAB, que remarcan que el Gobierno de Gasteiz sí tiene margen de maniobra en cuestiones como las pensiones mínimas, la precariedad en los ámbitos que dependen de la administración, la brecha salarial o derechos como el acceso a un alquiler social o la mejora en la cobertura de ciertas ayudas. “Nos parece una hipocresía alabar constantemente el nivel de autogobierno y, al mismo tiempo, argumentar falta de capacidad para regular las condiciones de trabajo y de vida más básicas de la ciudadanía”, señalan.

En cuanto al resto de grandes partidos vascos, EH Bildu es el único que ha mostrado su respaldo a la huelga. La entrada de Podemos en el Gobierno español y el hecho de que su filial en Euskadi haya aprobado los presupuestos de Lakua sitúa a los morados en una situación comprometida, y de hecho algunos de sus referentes ya se han mostrado públicamente contrarios al paro. También CCOO y UGT se desmarcan de la huelga.