Distraidos entre el desenlace final de un futurible gobierno de coalición PSOE-UP para el Estado español, acceder al verdadero alcance de las apuestas y compromisos que sugieren los acuerdos, la estructura y responsables de los diferentes espacios de gobierno, empañado por el ya crónico uso de los poderes del Estado, incluido su sistema judicial o la "policía política" y los relatos novelados a gusto del momento e intereses particulares; a la espera de una posible destitución del president de la Generalitat de Catalunya al margen de urnas y parlamento y desde una inusual actuación de una Junta Electoral y con la sospecha de un potencial próximo tripartito en la Generalitat con PSE, ERC, Podemos; en medio de la "magia navideña y esperanza de este nuevo año", nos encontramos con un tema complejo pero de gran actualidad e importancia que, en principio, habría de ser tenido en cuenta en el próximo gabinete y pactos complementarios, y que, sin embargo, pudiera pasar desapercibido: el rol y control de las empresas públicas del Estado.

Estos días, algunas de ellas han anunciado sus estrategias de internacionalización e inversión en el exterior. Red Eléctrica Española, Enagás, Aena, Renfe y Correos invertirán 3.000 millones de euros en 2020 en el exterior. Al tiempo, en los medios que publicitan estas noticias se recogen los mapas de necesidades inversoras a lo largo y ancho del territorio del Estado, cifrando en torno a 180.000 millones de euros para los próximos 10 años la demanda concreta de proyectos "imprescindibles" en áreas de actividad de las empresas mencionadas.

El papel que han de jugar las empresas públicas es siempre controvertido. Sin duda, por encima de todo, la creación de una empresa pública ha de justificarse bien por ser la fórmula óptima para la prestación de un servicio público, por su capacidad promotora de la actividad y desarrollo endógeno o por su adecuada instrumentación de un deseable proceso colaborativo público-privado al servicio del interés general. En todo caso, su razón de ser debe acompañarse de planes específicos de viabilidad sostenible y debe estar sometida a un riguroso sistema de control democrático y parlamentario.

Con el paso del tiempo, el contexto y las condiciones económicas, empresariales y de entorno pueden aconsejar la refundación o extensión de la empresa creada, buscando la mayor aportación de valor para la sociedad. Sin embargo, la realidad viene demostrando que muchísimas empresas e iniciativas del sector público empresarial tienden a sobrevivir más allá de sus objetivos fundacionales (porque ya los han cumplido con éxito, por su fracaso, por demostrarse ineficientes o redundantes respecto a la oferta competidora existente, o simplemente porque sus objetivos han dejado de tener sentido).

En determinados momentos, muchas de estas empresas han desarrollado competencias diferenciales que las llevan a disponer de músculo financiero, de ideas y gestor, así como el desarrollo de ventajas diferenciales para competir en otros mercados. Bien en solitario o bien acompañadas por alguna empresa privada, abordan su salida al exterior aprovechando oportunidades concretas. La "internacionalización" se convierte en una bandera de modernidad, prestigio, asimilación al mercado privado, remuneración especial, etc., si bien raras veces es objeto de análisis en profundidad. Por lo general, además, supone un primer paso hacia la privatización directa o indirecta, con mayor o menor transparencia, debate público y control. No es irrelevante el mayor o menor peso ofrecido a sus compañeros de viaje, la forma de elegirlo y la gobernanza asociable al acuerdo colaborativo.

En el caso de las empresas mencionadas, al margen de la valoración que puedan merecer cada una de ellas y su gestión, merece la pena detenerse para constatar el escaso control parlamentario (democrático) del que son objeto, limitado por lo general a simples informes de la SEPI, que integra las participaciones públicas existentes. Se añade el problema de su centralización, que deja fuera de participaciones y control a las Comunidades Autónomas en que operan. ¿Tiene sentido la diversificación e inversión en el exterior de estas empresas cuando las necesidades a lo largo y ancho del Estado son esenciales y están desatendidas? ¿Es razonable descalificar su posible transferencia a los gobiernos autonómicos, competentes, en la materia, mientras se comparte su dirección y aportación con empresas privadas, generalmente con entrada de gobiernos en el exterior? Recordemos que se trata de empresas reguladas y cuyos servicios (ingresos) obedecen a tarifas tasadas, pagadas por los ciudadanos/perceptores del servicio que se presta, que sus dirigentes son nombrados por el gGobierno bajo libre designación y que son el instrumento ejecutor de las políticas públicas. Según fuentes de los ministerios asociados, por ejemplo, los ferrocarriles del Estado dependientes de Renfe (en cercanías y sin contar actuaciones como la supresión de pasos a nivel y puntos negros en materia de seguridad), demandarán 3.500 millones/año hasta 2030; en el caso de Aena deberá destinar 2.000 millones de euros/año en estos próximos 10 años; el AVE se va de viaje a construir en la MECA y a concurrir en proyectos ambiciosos y de largo plazo (Texas y California), mientras su rol en el Estado sigue sin terminarse, incumpliendo compromisos históricos que solo parecen reactivarse cuando se necesitan votos de investidura, como el caso de la Y vasca; o Correos, reconvirtido en un "Hubde paquetería" en Portugal, mientras se proclama su carácter esencial para la "integración y unidad del Estado".

Si estas empresas han terminado con su tarea en el territorio base al que se deben, bien harían en extinguirse, dando paso a nuevas iniciativas al servicio del interés general, aportando recursos, financiación y conocimiento a nuevas áreas de actividad, diversificación de forma inteligente en convergencia con los ciudadanos y empresas locales, y facilitando el desarrollo del modelo de Estado autonómico que se supone impera conforme a mandato constitucional. Jugar a los beneficios de una hibridación con el amparo de un paraguas público para garantizar tu cuenta de resultados es una mala apuesta de país. Conviene recordar que ni toda internacionalización es buena en sí misma, ni todas las empresas deben invertir en el exterior, ni toda empresa pública es un fin en sí misma, sino tan solo un instrumento.

En los próximos días habrá nuevo gobierno. Se supone que destinará energía relevante al sector público empresarial y que la conjunción PSOE-UP hará un esfuerzo por fortalecerlo, incorporando nuevas áreas de actividad, salvo que ambos renuncien a aquello que se supone parte de su reclamo "ideológico" y preelectoral. Adicionalmente, habrá que recordarles que formarán gobierno gracias al apoyo de otros partidos políticos con implantación singular en diferentes territorios demandantes de compromisos reales, incumplidos, de desarrollo económico endógeno. No estaría de más confiar en que, esta vez, cumplan sus compromisos no solo de inversión, sino de coparticipación en la dirección y control de un sector público empresarial eficiente y generador de valor, altamente deseable y necesario, imprescindible. Pero ni cualquier sector público, ni cualquier empresa, ni con cualquier objetivo o servicio. Si se decide salir e invertir en el exterior, serían razones "país" las que lo justificaran. No se trata de cuentas de resultados particulares. La presencia exterior de un país y sus gobiernos resulta imprescindible, pero los objetivos y compromisos de las agencias y sociedades públicas reguladas son otra cosa. Si una empresa pública ha de incorporar en su estrategia su internacionalización, dicha estrategia debe ser debidamente explicada, controlada y autorizada de forma democrática.

Las empresas mencionadas tienen legado y base más que suficiente para refocalizar su compromiso al servicio de dichas necesidades. A la vez, es un buen momento para su financiación a largo plazo dada la situación financiera actual y la relativa accesibilidad a los mercados de capitales globales, lo que posibilita acelerar su ejecución facilitando el desarrollo y bienestar internos. Se supone que las capacidades de estas empresas, reorientando sus objetivos y recursos, modificando su gobernanza y asumiendo sus compromisos con la sociedad a la que se deben, constituyen instrumentos de primer nivel. Es un momento idóneo para abordar, también en este ámbito, una transformación del Estado, sus poderes públicos y de gobierno, y su interacción con el tejido empresarial y social. Sin dejarse llevar por "etiquetas globales y oportunistas" y acertando en las prioridades y responsabilidades que a cada uno corresponden. Seguramente, otra manera de empezar el nuevo año? y el nuevo gobierno.