El miércoles concluye el plazo de negociación del expediente de regulación de empleo que supondrá el despido de toda la plantilla de La Naval. El proceso concluirá previsiblemente sin acuerdo y después el ERE será remitido para su aprobación primero a la Inspección de Trabajo y luego al juez que vigila el concurso de acreedores.

De modo que se estima que en 15 o 20 días se rescindirán los contratos de las 177 personas que trabajan en el astillero. La mayoría de ellos, 150, tiene asegurada la recolocación en Navantia, en los astilleros de Cádiz y Ferrol o en la sede de Madrid. No hay plazos para su llegada al nuevo destino, pero en cuanto se confirmen los despidos la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) analizará los perfiles de los trabajadores de la factoría sestaoarra para definir dónde encajan.

Aunque la plantilla ya ha interiorizado que ya solo un milagro puede parar el tren que les lleva lejos de Euskadi y habla abiertamente de ese futuro a cientos de kilómetros de su hogar, sigue peleando por evitar la liquidación del astillero. Esta misma mañana celebrarán una asamblea en la que se planteará la radicalización de movilizaciones en un último intento de cambiar su destino.

Lo cierto es que, a pesar de que el miércoles se abrirá un nuevo escenario sin retorno, el panorama todavía tardará en despejarse un tiempo. Esa incertidumbre afectará a miles de familias, las de los trabajadores de La Naval heredados de la anterior etapa pública, las de los 25 empleados que no tienen derecho a recolocación por haber sido contratados tras la privatización y también las de las plantillas de las empresas auxiliares subcontratadas en las diferentes fases de construcción de los barcos.

El secretario del comité de empresa, Juanjo Llordén, explica a DNA cómo se viven estos momentos decisivos. “Ahora mismo no contemplo la recolocación en otro astillero. Estoy peleando, en la lucha por evitar llegar a ese escenario. En cuanto se cierre el astillero, si se cierra, pelearé por otra cosa”, recalca.

vida después de la naval Los sindicatos no están dispuestos a aceptar cualquier puesto en Navantia y serán exigentes en cuanto a su nuevo destino. De hecho, el pasado jueves plantearon a la SEPI la posibilidad de quedarse en Bizkaia recibiendo formación los próximos meses con la expectativa de una próxima reapertura del astillero sestaoarra. La propuesta fue rechazada.

Llordén repite como un mantra que la esperanza es lo último que se pierde, pero tiene los pies en el suelo. “El administrador concursal está loco por echarnos y no parece que nadie vaya a evitarlo”, admite.

En ese sentido, el secretario del comité de empresa critica el “ridículo político” que han hecho los Gobiernos vasco y español, que “han mareado la perdiz” los últimos meses sin dar ninguna solución concreta. El último capítulo de esta historia de desencuentros se escribió el pasado jueves, cuando el Ministerio de Industria desconvocó una reunión con los sindicatos porque no había ninguna novedad que trasladar a los trabajadores. “Es triste que solo les preocupe las elecciones”, lamenta Llordén.

En el lado de las subcontratas que entran en el astillero cuando hay carga de trabajo en la grada, Asier Goitia, presidente del comité de empresa de Pine, pone voz a la larga espera en la que viven desde hace meses los trabajadores de esta compañía de montajes eléctricos de Derio.

“Cada vez que aparece un artículo sobre La Naval pensamos que va a haber alguna novedad, pero está todo en el aire. Lo último que hemos leído es que hasta finales de año no volverá a abrir, pero son todo especulaciones”, indica.

En su opinión, la industria auxiliar del astillero sestaoarra tendría que disponer de algún tipo de información directa, porque se está jugando mucho en el concurso de acreedores de La Naval.

“secretismo” de la administración En esta línea, Goitia advierte de que si no entra carga de trabajo pronto, antes de junio, “se complicará” el horizonte de Pine. Los trabajadores de esta instaladora eléctrica creían que el futuro del astillero se iba “a aclarar antes” y asisten con cierto desánimo al lento desarrollo de los acontecimientos.

Al mismo tiempo, muestra recelos sobre el papel del sector público. “El comité de La Naval ha abierto la puerta al sector público que está detrás y ha hecho otra serie de planteamientos, pero ellos [los Gobiernos vasco y español] como si nada y siguen los trámites [para el despido de la plantilla del astillero]”, lamenta el presidente del comité de Pine.

También denuncia cierto “secretismo” en los mensajes que lanza el Ejecutivo vasco, que asegura que “hay gente muy interesada” en el astillero, pero “no quiere revelar nada”. Consciente de lo delicado del proceso y de la necesidad de mantenerlo fuera del foco de la opinión pública, Goitia estima que el Gobierno Vasco debería “haber hecho el esfuerzo de reunirse con las contratas” tanto para conocer sus inquietudes como para darles información de primera mano sobre las expectativas de reanudación de la actividad en La Naval.

Mientras tanto, algunos trabajadores de Pine están disfrutando ya de algunos días de las vacaciones de este año porque no hay carga de trabajo, pero confían en la entrada de pedidos en un plazo razonablemente corto. Incluso es posible, si se logra algún contrato que en estos momentos está en el aire, que haya empleados que se desplacen puntualmente a Cádiz, donde la planta del grupo tiene una gran actividad.

En Euskadi, en cambio, “está todo más parado”. La división de ingeniería de Derio, por ejemplo, no tiene trabajo y no se perciben oportunidades de entrada de pedidos. “Nos gustaría estar viendo un poquito más cerca un horizonte de más negocio, pero no es así. Lo cierto es que pensábamos que a estas alturas estaríamos en otra situación, y no tener nada de carga de trabajo de Euskal Herria complica todo”, concluye.

El proceso. Aunque el miércoles está marcado en el calendario como un nuevo hito del concurso de acreedores de La Naval, no hay plazos concretos ni para que se haga efectivo el despido de la plantilla ni para el inicio del proceso de venta del astillero. Hay eso sí cierto consenso en que en un plazo de dos meses podrían empezar a recibirse las primeras ofertas de compra. El administrador concursal tendrá que valorarlas y elaborar un informe para que el juez decida cuál es la más idónea.