Sánchez quita el impuesto del 7% a la generación eléctrica del PP

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue la encargada de anunciar en su esperada comparencia en el Congreso de los Diputados que el Gobierno del PSOE suspenderá en las próximas semanas el citado impuesto del 7% a la generación eléctrica para aliviar la subida de los precios de la electricidad, que ayer registró el máximo del año. Por este tributo, creado por el Gobierno del Partido Popular en 2012, se ha llegado a recaudar hasta 2.700 millones de euros y ha sido un puntal de la reforma energética para acabar con el déficit de tarifa eléctrico.

La medida cumple una vieja aspiración de las compañías como la vasca Iberdrola que recurrieron la implantación del citado impuesto a los tribunales de justicia en su momento.

La eliminación del referido impuesto que, según especialistas, se solapa con el IAE, sí aportará una ventaja clara para las empresas eléctricas de cara a incrementar su competitividad porque en la actualidad los países interconectados con el Estado español están vendiendo electricidad en la península ibérica ya que sus costes son más competitivos al no tener que afrontar una recarga fiscal del 7% en la producción.

En cualquier caso, el Gobierno español ha decidido mover ficha en el tema energético, un asunto muy sensible para la opinión pública, y renunciar a parte de los casi 1.600 millones de euros de ingresos que aporta en la actualidad el citado 7%.

No hay que olvidar que uno de los ganadores en esta fase de subida de precios de la energía eléctrica es el propio Ejecutivo, pues el Ministerio de Hacienda, con el incremento de precios de este año -derivados del alza en los derechos de emisión de CO2 y de los mayores costes de gas natural y del carbón empleado en las centrales térmicas-, podría ingresar hasta 1.300 millones de euros más de los previstos inicialmente.

Ahora el escenario cambiará al eliminarse el 7% en la generación pero en cualquier caso el Ejecutivo aunque pierda parte de los casi 1.600 millones del citado recargo, sí se beneficia de los mayores ingresos de las subastas de derechos de emisión de CO2, que se han casi triplicado en este año.

En todo caso, si el Gobierno español quiere unos precios de la electricidad en la media europea tendrá que adoptar otra serie de medidas a medio y largo plazo, incluida una verdadera reforma estructural del mercado mayorista eléctrico que se rige, como en media Europa por otra parte, por el precio marginal de la última energía, la más cara, que entra en el pool, para fijar la retribución de toda ella.

La ministra Teresa Ribera también anunció medidas urgentes de choque, más de cara a la galería que otra cosa, relacionadas con el autoconsumo eléctrico, la energía distribuida, así como otras para incrementar la protección al consumidor doméstico que en un 80% de los casos sigue sin entender la factura eléctrica.

Dado que la actual estructura de la factura eléctrica incide de pleno en los usuarios domésticos, la ministra anunció una continuidad del actual bono social de la tarifa, mejorándolo para el caso de aquellas personas que viven solas, para proteger aquellos hogares con niños y ampliándolo al uso de la electricidad para la calefacción en invierno.

Así, en referencia a las medidas de protección a los usuarios domésticos, Teresa Ribera anunció propuestas en línea con las argumentadas por la CNMC para pedir a las eléctricas que renombren a sus filiales de distribución y generación para evitar confusión a los clientes. Además exigirá una mayor información y transparencia sobre la potencia contratada en el hogar, para que se ajuste a las necesidades de cada familia y aumentar los tramos de esta potencia.

El verdadero debate se centra en si el Gobierno va a ser capaz de reformar estructuralmente el mercado mayorista eléctrico español basado hasta ahora en el citado modelo de mercado marginalista. La ministra se interroga sobre si, en la situación de transición energética actual, con un parque de generación prácticamente amortizado, tiene sentido que las viejas centrales sigan recibiendo el mismo precio por la energía eléctrica que producen que la generada por la tecnología más cara.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, aprovechó la ocasión ayer para solicitar una política energética que no beneficie a aquellos que “se han quedado anclados en el pasado” sin hacer sus deberes, en referencia a la apuesta por las renovables que sí ha hecho la eléctrica vasca, y que quieren “seguir ordeñando sus activos”.

euros. Con las tarifas vigentes en agosto de 2018, la factura mensual de energía eléctrica de un consumidor doméstico en el Estado español representa 80,73 euros, frente a los 43,47 euros que suponía en 2003. Por lo tanto el recibo de la luz del usuario medio ha subido un 85,7% en sólo 15 años, según un estudio de la asociación de consumidores Facua.

Generación. La ministra ha anunciado que “suspenderá” la aplicación del impuesto del 7% que grava la generación eléctrica en el Estado español.

Energía. El coste de la energía eléctrica sólo supone el 33% de la factura de la luz. El mantenimiento de las redes de distribución supone el 18%, el resto son impuestos y tasas.

recibo de la luz. La eliminación del impuesto a la generación puede abaratar el recibo de la luz un 3%.