Debo reconocer que esta semana estimaba como tranquilo y relajante el momento de escribir estas líneas, dado que mi intención era destacar las Directrices del Presupuesto 2019 aprobadas por el Gobierno Vasco que intensifican “la apuesta por el desarrollo humano sostenible que garantice los servicios esenciales a todas las personas y un crecimiento que genere oportunidades de empleo de mayor calidad”, en palabras del consejero Pedro Azpiazu, quien agregó que es “un binomio indisociable, fruto de una visión del mundo centrada en la persona”. Todo ello enmarcado en cuatro retos fundamentales: demografía, educación, digitalización e internacionalización.

Suena bien y, como digo, me las prometía felices? Hasta que llegó la noticia de que un ciudadano catalán había pagado el más alto precio cuando las autoridades judiciales llamaban a la puerta de su vivienda para desahuciarle? se había lanzado al vacío desde el décimo piso. Estremece pensar en la sacudida mental que vivía este hombre incapaz de llevar a buen puerto su propio proyecto familiar. Claro que, el estremecimiento se tornó en indignación al conocer el hecho de que la vivienda, en la que Jordi vivía en régimen de alquiler, formaba parte de los activos inmobiliarios del Banco Popular y había sido adquirido, junto con el resto de la entidad bancaria, por el Banco Santander por un euro el pasado año, que dio entrada al fondo estadounidense Blackstone.

Todo ello dentro de la más estricta legalidad. Lo cual, lejos de tranquilizar o calmar los ánimos los aviva al decirnos que el Estado y sus normas o leyes, que debieran ser vigilantes y eficaces como garantes del bienestar de los ciudadanos, son tolerantes con la especulación salvaje. En este punto, es aconsejable recordar al filósofo austríaco Karl Popper, quien en su obra más reconocida y recomendable, La sociedad abierta y sus enemigos, señalaba: “Si una sociedad practica la tolerancia sin límite, terminará dando tanto poder a los intolerantes que estos terminarán destruyendo aquel criterio magnánimo y liberador”.

Naturalmente, la tragedia de Cornellá ha ocasionado todo tipo de críticas y protestas bajo el lema: No son suicidis, son assassinats, que no necesita traducción, pero sí señalar que puede haberse dado el caso de que alguno de los manifestantes contra los fondos buitre, esta semana, acudiera, hace dos años, a la Audiencia de Barcelona para animar a un futbolista acusado de defraudar a Hacienda. Creo que la paradoja no requiere más explicación que una pregunta: ¿qué diferencia ética hay entre un fondo buitre y un defraudador fiscal?

En medio de esta vorágine especulativa, los gobiernos parecen que nada tienen que decir y si lo hacen se van a encontrar con demandas judiciales, como es el caso de Bélgica, que aprobó en 2015 una ley que, textualmente, decía: “Cuando un acreedor persigue una ventaja ilegítima mediante la adquisición de un préstamo o deuda de un Estado, sus derechos respecto al Estado deudor se limitarán al precio pagado para redimir dicho préstamo o dicha deuda”. Una ley defendida por Naciones Unidas, pero recurrida por una sociedad con sede en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Todo un disparate ético y moral.

Este contrasentido hace importante, necesario y urgente una regulación legal de estas prácticas en las que se compran cientos de viviendas a bajo precio, muchas de ellas VPO para, posteriormente especular inhumanamente con ellas estén o no ocupadas por mujeres y hombres a los que la crisis les ha dejado al borde de la pobreza. Una regularización cuya visión y objetivo esté centrada en las personas, como muy bien señalan las directrices vascas para el presupuesto de 2019 a las que regresamos con la intención de ver algo bueno que entone el ánimo en una semana trágica y desalentadora.