WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está a punto de abrir otra guerra comercial, este vez dentro del país, al intentar proteger a las centrales eléctricas nucleares y térmicas de carbón con apoyo público en detrimento de otros competidores como los generadores solares o eólicos.
El máximo dirigente de EEUU ordenó a su secretario de Energía, Rick Perry, (equivalente al cargo de ministro en los Ejecutivos europeos) que elabore un plan para proteger las centrales nucleares y térmicas de carbón no rentables, en el libre juego de mercado, en pro de la “independencia energética” y la “seguridad nacional”. El concepto totémica de la Seguridad es lo que, según la administración Trump, justificaría las políticas económicas intervencionistas y proteccionistas del Gobierno federal norteamericano.
Trump considera que el cierre inminente de varias instalaciones de generación de energía, que producen a precios fuera de mercado o que están obsoletas, “está llevando a un rápido agotamiento de una parte crítica de la combinación energética” de Estados Unidos e “impactando en la solidez” de su red de abastecimiento de energía eléctrica.
“El presidente Donald Trump cree en una total independencia y dominio energético, y que manteniendo fuerte y segura la red y la infraestructura energética de EEUU protege nuestra seguridad nacional, seguridad pública y economía de ataques intencionados y desastres naturales”, afirman en la Casa Blanca.
En el trasfondo de la orden de Trump está salvar unas industrias deficitarias que en su campaña electoral prometió proteger y que hasta la fecha han seguido cerrando y perdiendo empleos, según datos de la prestigiosa organización ambiental Sierra Club.
Está por ver el plan que Rick Perry le presentará a Trump, pero un documento filtrado revela que el Gobierno de Estados Unidos sopesa una drástica intervención en las industrias energéticas.
Según el documento, publicado en Bloomberg, el Gobierno USA pretende obligar a las compañías eléctricas comprar parte de su energía a centrales térmicas de carbón y nucleares durante los próximos dos años, una medida reservada para crisis como las provocadas por desastres naturales.
Una coalición de empresas de energía solar, eólica, gas natural y de petróleo denunciaron en un comunicado que la medida que sopesa el Gobierno de Trump es “legalmente indefendible” y que repercutiría en una subida de precios en la factura eléctrica de los consumidores estadounidenses.
Compañías como la eléctrica PJM Interconnection, que opera una red que da servicio a 65 millones de estadounidenses en el este del país aseguró que su sistema es “más fiable que nunca”. Contradijo así la afirmación de Trump de que el cierre de algunas infraestructuras está “impactando la solidez” de la red.
Según el The New York Times, el Gobierno de EEUU también sopesa invocar una ley utilizada en tiempos de guerra que le permite intervenir en la industria privada en pro de la seguridad nacional. Expertos indican que las medidas pueden costar hasta 11.800 millones de dólares, dependiendo del nivel de intervención, aunque lo más probable es que primero pasaran por los juzgados por demandas interpuestas por compañías de renovables y gasísticas. - DNA-Efe
