GASTEIZ. "La falta de competencias alegada no exime a los parlamentarios vascos de su responsabilidades para garantizar a la ciudadanía vasca acceder a las condiciones de vida dignas y adoptar cuantas decisiones sean precisas para hacer efectivo este derecho", han insistido.

La Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco ha acogido este miércoles la comparecencia de los representantes de la plataforma Armando Aulestiarte y Arantxa Corrales que han vuelto a reclamar unas pensiones mínimas de 1.080 euros.

En su comparecencia, han recordado que en el año 2015 presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para la que recogieron más de 70.000 firmas, con la que solicitaban que las pensiones vascas se complementaran hasta los 1.080 euros. Sin embargo, la iniciativa no fue tomada en consideración por el Parlamento Vasco.

Por ello, han afirmado que consideran que la Cámara vasca "no está tomando en serio el grave problema de las pensiones públicas ni la creciente precarización de las condiciones de vida de las personas pensionistas y mayores".

"Las manifestaciones que estamos realizando las personas pensionistas no están teniendo la respuesta institucional que reclamamos y las instituciones, sobretodo la mayoría de este parlamento, se inhibe de su parte de responsabilidad argumentando la falta de competencias", han criticado.

La plataforma ha lamentado que el Parlamento Vasco, "que debía ser el instrumento institucional para garantizar a la ciudadanía vasca sus derechos, en lo que hace referencia a las pensiones no lo está haciendo".

"Está haciendo una dejación de sus responsabilidades refugiándose en argumentos que nos resultan inaceptables, ya que la falta de competencias alegada no exime a los parlamentarios vascos de su responsabilidades para garantizar a la ciudadanía vasca acceder a las condiciones de vida dignas y adoptar cuantas decisiones sean precisas para hacer efectivo este derecho", han insistido.

También han afirmado que "hoy, la destrucción del sistema público de reparto es un hecho incontestable orquestado por los intereses financieros que quieren hacer negocio con nuestro derecho a una pensión digna". "Se están haciendo las políticas sociales y de empleo necesarias para hacer inviable el sistema público de reparto", han denunciado.

Asimismo, han reclamado la transferencia completa del sistema público de pensiones a Euskadi porque creen que es "la única manera de garantizar el sistema de reparto de las pensiones a los trabajadores vascos y que después de la jubilación, las condiciones de vida no se vean gravemente recortadas".

"Necesitamos valentía política para construir nuestro propio sistema de pensiones, para dar los pasos necesarios y hacer frente a la destrucción que llevan a cabo los gobierno del estado. En esta labor contarán con nuestra ayuda y apoyo", han señalado.

No obstante, han insistido en que "no van a aceptar que el Parlamento Vasco no puede hacer nada" porque la Cámara "no puede dar por bueno el empobrecimiento de las personas mayores y pensionistas" . "El empobrecimiento es constante: pobreza energética, dificultades para pagar una vivienda digna, tener que elegir entre comprar medicamentos o comida. Creemos que ya es suficiente", han insistido.

Tras destacar que en Euskadi una de cada tres personas pensionistas tienen una pensión inferior al salario mínimo interprofesional, han indicado que el 52% reciben una pensión inferior a los 1.000 euros y han preguntado a los parlamentarios si podrían "arreglarse" con una pensión de estas cuantía. "En la Comunidad Autónoma del País vasco 350.668 personas tienen ingresos inferiores al 60% de la renta media y están en situación de riesgo de pobreza", han señalado.

Para "paliar esta creciente desigualdad", plantean "recuperar el poder adquisitivo de las pensiones y establecer 1.080 euros de pensión mínima a través de complementos procedentes de los presupuestos vascos y en el plazo más breve posible".

LOS GRUPOS

El parlamentario del PNV Jon Aiartza ha contestado a los representantes de los pensionistas que "el Parlamento se toma muy en serio" sus reivindicaciones y "en ningún caso hace dejación de responsabilidades". También ha defendido la "valentía política" que se ha dado en el debate que se ha celebrado el pasado 1 de marzo en la cámara sobre pensiones y que terminó con el apoyo de 67 de 75 parlamentarios, al ser apoyado por cuatro formaciones políticas.

Desde EH Bildu, Leire Pinedo ha rechazado que su formación se haya "inhibido" en su "responsabilidad de luchar y trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos de este país y por tanto, no vamos a poner nunca como excusa la falta de competencias" y ha reclamado la transferencia del sistema de pensiones, defendiendo la "viabilidad" de un sistema propio.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha defendido que el Parlamento Vasco "puede hacer cosas" para mejorar las pensiones y ha recordado su apoyo a la ILP presentada por la plataforma porque "no es incompatible defender la posibilidad de complementar las pensiones en nuestra comunidad autónoma con la defensa del mantenimiento de un sistema público de pensiones estatal". "Nosotros sí creemos que tenemos competencia para complementar las pensiones, se le llame como se quiera porque en este momento se está haciendo desde la RGI", ha indicado.

La parlamentaria del PSE Gloria Sánchez ha defendido la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de las pensiones y ha recordado iniciativas presentadas por el PSOE en el Congreso en este sentido. Asimismo, ha recordado que Euskadi cuenta con un "buen sistema" de protección social al que pueden acceder los pensionistas vascos, a diferencia de los de otras comunidades autónomas y ha defendido que es importante trabajar en mejorar este sistema porque "es vital para luchar contra la pobreza.

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha destacado la apuesta de los 'populares' por un sistema de pensiones "público, solidario equitativo y sostenible" y por unas pensiones "dignas" pero ha defendido que los debates se deben realizar "donde corresponde, en el marco del Pacto de Toledo".

Además, ha asegurado que sería "inviable" un sistema propio de pensiones en el País Vasco porque "los pensionistas vascos ven garantizar su pensión gracias a la solidaridad de los españoles y a la caja única de la Seguridad Social".