vitoria - La situación de la empresa siderúrgica vasca Productos Tubulares y la del grupo entero de la que es filial, Tubos Reunidos, ocupa y preocupa al Gobierno Vasco que expresó ayer en público, en palabras de la consejera Arantxa Tapia, su disposición a mediar entre la dirección de la empresa y los trabajadores con el objetivo de que las plantas del grupo Tubos Reunidos en Euskadi tengan “viabilidad a largo plazo” pese a la situación actual de pérdidas en que se encuentra. La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco pasó revista a los problemas que afectan a una parte del tejido industrial del País Vasco -recuérdese que la actividad industrial de Euskadi, en líneas generales, sigue creciendo con un aumento de la producción del 3,5% con datos de febrero- y señaló en referencia a la problemática concreta del grupo fabricante de tubos de acero sin soldadura, su convicción de que “el conjunto de las plantas fabriles” del grupo Tubos Reunidos en el País Vasco “tienen viabilidad, siempre y cuando se disponga un plan” para recuperar la competitividad.

Arantxa Tapia reconoció que el nuevo equipo directivo encabezado por Guillermo Ulacia, una persona con amplia experiencia en el sector siderúrgico en el Grupo Arcelor, había elaborado una propuesta de actuación y la había comenzado a aplicar meses pasados, en referencia al denominado Plan 360°, pero la consejera indicó que “no ha sido suficiente, por lo que se requieren medidas adicionales”. El grupo acerístico vasco ha perdido unos 100 millones de euros en los tres últimos ejercicios, fruto de una coyuntura adversa, con menor demanda mundial de tubos en su principal nicho de mercado, la industria del petróleo y el gas, una reducción de los precios de los tubos del 25% y un desfavorable cambio dólar-euro. En ese contexto son precisas medidas para volver a la senda de la rentabilidad y, entre ellas, ineludibles, una reducción de costes para hacer frente a una demanda y unos precios a la baja. En este sentido, Arantxa Tapia, señaló que “todos” tienen que trabajar “para garantizar la viabilidad”, tanto la empresa como los trabajadores pero insistió en que, asimismo, “lo deben hacer los propietarios y accionistas, que también tienen su responsabilidad”.

No hay que olvidar que el grupo Tubos Reunidos es una empresa con accionistas vascos significativos como BBVA, con el 14,8%, Ybarra, Zorrilla de Lequerica etc, que en el periodo previo a la crisis de 2008 ha obtenido unos beneficios significativos, con el consiguiente reparto de dividendos

En cualquier caso la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, reiteró su plena convicción de que “el conjunto de las plantas” del grupo Tubos Reunidos en el País Vasco, que emplean a un total de 1.500 personas, “tienen viabilidad, siempre y cuando se ponga en marcha un planteamiento para aumentar la competitividad”.

Ese plan, tal y como se ha presentado a los trabajadores, afecta principalmente a la filial vizcaína Productos Tubulares, cuyo comité se reunió ayer para estudiar la documentación entregada por la empresa en relación con una de las medidas anunciada, un Expediente de Regulación de Empleo. La dirección de Productos Tubulares anunció días pasados un ERE de extinción de contratos laborales para 157 trabajadores de una plantilla de 418 empleados, además de una reducción salarial del 25% y un aumento de la jornada laboral de 1.680 a 1.704 horas anuales, entre otras cuestiones como el cierre de la acería de PT en la localidad de Sestao.

Tarifas eléctricas y peajes La consejera vasca, Arantxa Tapia, hizo referencia también, al ser interpelada sobre el tema, a la postura del Gobierno español en relación a la aplicación de nuevas tarifas eléctricas a las empresas industriales vascas, y de otros territorios del Estado, en base a la eliminación de la tarifa histórica 6.1.b, y recordó que “es un compromiso de 2017, no de 2018”. En este sentido resaltó que “cuando uno firma un acuerdo está para cumplirlo en tiempo y forma”, algo que hasta ahora no se ha hecho pese al pacto PP-PNV en tal sentido del pasado año. Con ello, Tapia salió al paso de la postura del Gobierno del PP de vincular la supresión de dicha tarifa a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del presente ejercicio.

El Gobierno español supedita el cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado año a un apoyo del PNV a los Presupuestos de 2018. En relación a dicha postura, la consejera señaló que aunque es el grupo político PNV, como tal quien se tiene que manifestar, sí estaba en condiciones de afirmar que mientras esté suspendida la autonomía de Catalunya no es factible negociar.