MADRID - El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato aseguró ayer que el hecho de que se le investigue por presunto fraude en la facturación de conferencias es un “claro caso de discriminación”, ya que desde 2002 es “plenamente lícito” cobrar a través de empresas. Rato acudió a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla dos años después de su última declaración, esta vez para responder al juez Antonio Serrano-Arnal por el supuesto delito fiscal que se le atribuye.

Según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes 1,7 millones de euros, siendo 2008, meses después de su salida del FMI, el año de mayor volumen. Según la Fiscalía Anticorrupción se habrían defraudado al menos 672.329 euros facturando las conferencias a través de Arada.

Rato reconoció que impartió conferencias cuyos honorarios percibió a través de la mercantil. Pero defendió que fue una conducta “plenamente legítima”. Así, dijo que las pesquisas por este asunto son un “caso de discriminación” en tanto que a “otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores” a las suyas no se les ha atribuido un posible fraude fiscal. También arremetió contra la oficina antifraude del fisco, a la que afeó que casi tres años después de su detención, sigue sin presentar un informe definitivo sobre las supuestas conductas delictivas por la que se investiga el origen de su patrimonio. - Efe