madrid - Las pensiones públicas configuran, más allá de otras consideraciones sociales, un asunto económico de primera magnitud. No en vano estamos hablando, en el caso del Estado español, de una factura mensual, datos de marzo, de 8.946 millones de euros, resultado de abonar unos 9,5 millones de pensiones.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año contempla que más de cuatro de cada diez euros del gasto español se los lleve el sistema público de pensiones. En concreto, se han presupuestado 144.834 millones de euros, un 3,7% más, para hacer frente a la factura de los pensionistas, colectivo que percibe de media 933 euros mensuales, cifra que se eleva hasta los 1.079 euros en los casos de la pensión de jubilación. La cuantía de la partida es tan importante que las pensiones se llevarán este año el 40,8% de todo el dinero que gaste el Estado español.
Para hacerse una idea de las cifras de las que se está hablando hay que tener en cuenta, por ejemplo, que con la totalidad del gasto en Defensa de España en todo el año sólo se pagaría la factura de las pensiones un mes.
El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció implicitamente ayer las tesis de numerosos agentes sociales que defienden que las pensiones son un asunto político ligado al reparto de la riqueza, al destacar que la Seguridad Social “no está quebrada” e instar a “no magnificar su déficit” y no considerarla de manera aislada, pues se trata “de un departamento de la Administración Pública”. “La Seguridad Social no se puede mirar como si tuviera un régimen propio. Está asegurada por el Estado”. Para Montoro es un error señalar que el sistema está en riesgo o no en función de las cotizaciones que ingresa. - X. Aja
