BILBAO. El estudio 'Soluciones para la jubilación. Naturaleza, ventajas, defensa y fomento de las rentas vitalicias en España' ha sido presentado este martes en Bilbao por la socia de AFI y coautora del estudio Iratxe Galdeano, junto a representantes de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), encabezados por el presidente de la unión territorial vasconavarra de esta entidad, Pablo Mongelos.

El informe analiza la evolución de las pensiones teniendo en cuenta los efectos de las reformas efectuadas en 2011 y 2013, que, según estiman los autores del estudio, provocará una caída media del poder adquisitivo para una persona que se retire en este momento de unos 350 euros al mes en el Estado a lo largo de su vida como jubilado. En el caso de Euskadi, esta pérdida de poder adquisitivo alcanzaría los 427 euros de media.

Asimismo, advierten de que esta evolución de las pensiones también tendrá efectos macroeconómicos, debido a las cantidades que los jubilados dejarán de destinar al consumo.

Aunque el efecto será creciente a lo largo del tiempo, el impacto medio anual de la reducción en las rentas de la población jubilada entre 2016 y 2035 se estima en un 1,5% del PIB español, una cifra que en Euskadi sería más elevada y podría rondar el 2%, según ha explicado Iratxe Galdeano. En términos de empleo, se calcula que el efecto para el conjunto del Estado sería de 330.245.

El informe sobre inversión en las denominadas 'rentas vitalicias' determina que una persona de 67 años que se jubilara en este momento en el Estado necesitaría un ahorro de unos 63.000 euros para constituir una renta vitalicia que compensara esos 350 euros mensuales de pérdida de poder adquisitivo estimado. En el caso de Euskadi, la media sería de 78.000 euros para compensar los 427 euros calculados.

El responsable de Unespa en Euskadi y Navarra ha rechazado, en este sentido, "el lugar común" de que "no hay capacidad de ahorro". "Lo que pasa es que tradicionalmente se ha dirigido el ahorro al ladrillo", ha manifestado.

En este sentido, el estudio apunta que en Euskadi hay alrededor de 190.000 hogares cuyo cabeza de familia tiene más de 65 años y posee otro activo inmobiliario diferente a su vivienda habitual.