vitoria - Los sindicatos denuncian una y otra vez que buena parte de la su juicio excesiva precarización del mercado laboral llega en forma de fraude de ley o, simplemente, de ilegalidades diversas y los datos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Euskadi durante 2017 confirman que sí existe una cierta base para tales denuncias pues, tras revisar 15.105 contratos de trabajo durante el año, se constató que existían irregularidades en un 13%. De hecho, la labor de Inspección de Trabajo permitió que se realizasen 2.686 contratos con alta en la Seguridad Social y que 1.979 contratos laborales más fuesen transformados.

En total, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó un total de 37.129 actuaciones en la Comunidad Autónoma Vasca, según señaló ayer la consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, con motivo de la presentación del informe de la Inspección correspondiente a 2017 el plan de actuaciones previsto para el presente año en curso.

La consejera compareció acompañada del viceconsejero de Trabajo, Jon Azkue, y de la Subdirectora de Inspección de Trabajo, Iciar González. Los responsables del Ejecutivo vasco en el área de Trabajo señalaron que las actuaciones realizadas fueron consecuencia tanto de las campañas institucionales planificadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como de la actuación rogada derivada de las denuncias de las organizaciones sindicales y trabajadores, y de las peticiones de órganos jurisdiccionales o entidades gestoras de la Seguridad Social.

Recuérdese que las inspecciones abarcan desde pequeños locales de, por ejemplo, hostelería con empleados con contratos con jornadas inferiores a las realmente realizadas, o incluso sin contrato, hasta grandes empresas como Mercedes Benz Vitoria en la que Inspección detectó la existencia de contratos temporales que tendrían que ser indefinidos fruto de una actuación que, según el sindicato ELA, se podría calificar como fraude de ley.

Consecuencia del trabajo supervisor de la Inspección de Trabajo se detectaron infracciones que supusieron sanciones por importe de 8,13 millones de euros, la mayoría, un 51% correspondiente a irregularidades referentes a la Seguridad Social frente al 25% que representaron las referidas al área de Seguridad y Salud Laboral, con 2,03 millones de euros.

A estos 8,13 millones se le suman otros 31 millones de euros correspondientes a los expedientes liquidatorios, que en su mayor parte corresponden a fraude en las cuotas a abonar a la Seguridad Social.

La consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, valoró los resultados registrados el recién finalizado ejercicio como “muy satisfactorios a la vista de la efectividad de las inspecciones de trabajo realizadas en 2017”, ya que “el 13% (un total de 1.979) de los 15.105 contratos laborales revisados han tenido que ser transformados”.

San José reiteró que fruto de la labor de Inspección se había conseguido formalizar 2.686 nuevas altas en la Seguridad Social.

A la vista de estos datos, y ante las críticas ocasionales de los sindicatos sobre una supuesta insuficiencia de la labor supervisora, San José, indicó que “quiero resaltar el papel sumamente relevante de la Inspección de Trabajo y agradecer el trabajo que desarrollan las personas que la integran, por su profesionalidad y dedicación“. En este sentido, indicó que la Inspección “juega un papel sumamente relevante para velar por el cumplimiento de la ley en materia laboral”.

Actuaciones. Se llevaron a cabo 37.129 actuaciones. Se revisaron 15.105 contratos. En el caso de los contratos a tiempo parcial se realizaron 1.201 inspecciones, con 37 expedientes sancionadores, 37 requerimientos de subsanación y 2.708 contratos revisados. En referencia al fraude en la contratación las actuaciones fueron 310, con 9 expedientes sancionadores, 115 requerimientos de subsanación y 4.055 contratos revisados.

Sanciones. Sumaron 8,1 millones de euros más 31,1 millones de las liquidaciones a la Seguridad Social.

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infracciones laborales fueron detectadas en el pasado 2017 en la Comunidad Autónoma Vasca.