MAdrid - La Audiencia Nacional ha absuelto a la excúpula de Abengoa del delito de administración desleal por el que las acusaciones solicitaban hasta cinco años de cárcel para el expresidente Felipe Benjumea, después de descartar irregularidades en las indemnizaciones percibidas por los gestores tras su relevo en 2015. La sentencia, que fue hecha pública ayer, fue muy criticada por la plataforma de accionistas afectados. La presidenta andaluza, Susana Díaz, mostró su respeto a los tribunales y afirmó que lo importante ahora es garantizar la viabilidad de la compañía.

La sección cuarta de la sala de lo Penal considera que los 11,4 millones de euros percibidos por Benjumea y los 4,5 millones que recibió el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, se adecuaban a la normativa legal y contractual existente, por lo que tampoco pudo producirse un supuesto de apropiación indebida. Razón por la que rechaza adoptar cualquier medida contra los tres miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones acusados, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, para quienes la Fiscalía pedía cuatro años de prisión como colaboradores.

Los magistrados exponen en la sentencia que no ha quedado acreditado que estos contratos, suscritos por la alta dirección de la multinacional sevillana en febrero de 2015, fueran concedidos y elaborados para favorecer “improcedentemente” a Benjumea y a Sánchez Ortega. Para el tribunal, fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que aparezca que los acusados intervinieron en la redacción de las cláusulas, las cuales recogían conceptos “establecidos o imperantes en la mayoría de las sociedades mercantiles de perfiles similares”.

Respecto a la Comisión de Retribuciones, entiende que no hay pruebas de que los tres consejeros actuaran “torticeramente en la proposición de los acuerdos relativos a la elaboración de los contratos mercantiles”. Asimismo, recuerda que los tres fueron asesorados por el consejo de administración”, único órgano con potestad para dar luz verde a unas disposiciones que se adecuaban a la ley. - DNA