gasteiz - La abogada del Estado y la fiscal insistieron ayer en que se declare culpables de su quiebra a los promotores de Hiriko, el proyecto de coche eléctrico vasco. Durante su exposición en la última sesión del juicio, las acusaciones coincidieron en que los acusados “no guardaron diligencia en la gestión”, lo que les llevó a “dilapidar” el dinero público, actuando de forma “negligente” y “sin ningún control” sobre los gastos. El juicio mercantil por el caso Hiriko quedó visto para sentencia para determinar las posibles responsabilidades del exconcejal del PNV Iñigo Antia, y los empresarios Jesús Echave, Fernando Achaerandio y José Luis Bengochea, por la pérdida de casi 19 millones de euros de ayudas. Los cuatro acusados formaban parte de Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción (Afypaida), a través de la que se articulaban las empresas implicadas en el proyecto de coche eléctrico. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el que más ayudas destinó al proyecto.
La administración concursal de Afypaida reclamó también la calificación de concurso “culpable”. La Abogacía del Estado reclama la devolución de las ayudas, mientras que en el caso de la Fiscalía, se cifra el “daño al interés general” en 15,7 millones, y se solicita una inhabilitación de diez años para administrar bienes ajenos.
La fiscal dijo que los promotores del coche eléctrico vasco “vendieron una idea”, pero tuvieron problemas desde el inicio, “improvisando incluso en el propio modelo de negocio”. Fue un proyecto en el que se “dilapidó” dinero público por unos administradores “negligentes” que “no hicieron ningún control sobre pagos”. Como ejemplo señaló que se trasladaron al Edificio Alas porque era propiedad de Jesús Echave aunque las instalaciones “no reunían las condiciones necesarias”.
La abogada del Estado criticó que en la memoria presentada por los promotores se indicaba que el Hiriko estuvo “a punto” de ser homologado cuando “no hay documentos que respalden esta afirmación” y cree que “ni si quiera se intentó homologar”. Añadió que si el Ministerio hubiera sabido que no tenía especificaciones técnicas y que no se podía homologar, “nunca habría dado las subvenciones”.
La administración concursal llamó la atención sobre que se retrasara 18 meses la petición del concurso de acreedores a pesar de que la empresa “no tenía actividad, in ingresos, y se había producido la extinción de los contratos laborales”.
La defensa pidió que se desestimen las peticiones de la acusación porque cree que “no se ha probado nada” y dijo que el proyecto Hiriko estaba “sometido a control”, con unas cuentas auditadas que seguían un sistema “intachable” de control de gastos. - Europa Press
