MADRID - Los fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas que el Ministerio de Fomento rescatará el próximo mes de enero prevén reclamar 4.500 millones de euros al Estado español por la liquidación de las concesionarias de las citadas vías.

Se trata de la cantidad que estiman para la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), esto es, lo que el Estado debe pagar por contrato a los actuales concesionarios de las autopistas por las inversiones que realizaron en su construcción.

Este importe es más del doble respecto a los 2.000 millones de euros que estima el Ejecutivo de Mariano Rajoy para esta RPA, tal como el Gobierno indicó en el último plan presupuestario remitido a las autoridades europeas en Bruselas. Por ello, los fondos han avanzado su intención de litigar hasta donde sea necesario contra el Estado español para lograr el importe que consideran les corresponde por la liquidación y rescate de las autopistas.

“Litigaremos durante miles de millones de años si es necesario para obtener lo que consideramos que nos corresponde”, indicó al diario Financial Times, Manuel Martínez-Fidalgo, director de Houlihan Lokey, firma representante de algunos de los fondos acreedores de las citadas autopistas, entre ellos King Street, Taconic, Strategic Value Partners y Attestor Capital.

Se trata de los fondos de inversión que en los últimos años compraron a los bancos la deuda financiera de unos 3.700 millones de euros que soportan las autopistas.

Martínez-Fidalgo asegura que estas firmas “están preparadas para un largo litigio”, tanto en los tribunales españoles como en instancias internacionales, en caso de que no logren un acuerdo con el Estado español.

Además de considerar escaso el importe de la responsabilidad patrimonial estimada por el Gobierno español, los fondos inversores acreedores de las autopistas también consideran que el Ejecutivo de Rajoy está “demorando de forma intencionada” la consecución de una solución para las vías de pago, con el fin de retrasar en lo posible el problema que el pago de su liquidación supondrá para las arcas públicas en términos de déficit público. - Europa Press