madrid - La resolución del Banco Popular encara un nuevo frente legal después de que la justicia haya comenzado a estudiar la admisión a trámite de la demanda de concurso necesario interpuesta por uno de los 300.000 accionistas y tenedores de deuda que perdieron sus inversiones por la operación. Según fuentes consultadas por Efe, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de la capital estatal será el encargado de valorar si, de conformidad con la Ley Concursal, procede declarar el concurso de la entidad o por el contrario, al menos, nombra un experto que valore los activos del Popular a fin de indemnizar a los perjudicados por su resolución.

Así lo solicita la demanda, basada en la idea del juez Fernando Presencia, que reclama de forma subsidiaria la designación de una administración concursal como establece el artículo 174 de la citada norma en los casos en los que se adopten medidas administrativas que impliquen la disolución o la liquidación de la entidad. De momento, el escrito ya ha sido registrado en el juzgado, al que el demandante deberá remitir una copia de la solicitud telemática antes de que el magistrado decida acerca de su admisión.

Como paso siguiente, el juez debería requerir documentación relativa al proceso por el que el pasado 7 de junio la Junta Única de Resolución (JUR), a instancias del BCE ordenó una operación que acabó con la venta del Popular al Santander por un euro. Para ello, instaría tanto al organismo comunitario como al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la resolución, para que entreguen, entre otros, el informe confidencial realizado por Deloitte, que atribuyó a la entidad un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros.

Tarea compleja después de que las instituciones europeas hayan negado el acceso a los documentos por considerar que su publicación podría perjudicar la estabilidad financiera del entorno, una postura contra la que se han pronunciado en sede parlamentaria buena parte de los grupos políticos y que ha llevado a muchos inversores a actuar contra la JUR. - Efe