MADRID. En su escrito, el titular del juzgado central de instrucción 4, Fernando Andreu, acuerda la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
Entre las diligencias previstas por el magistrado, acuerda llamar a declarar a todos los querellados y requiere documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al FROB y al propio banco, en tanto que pide al Banco de España que designe a dos peritos para determinar si la información contable ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de manipulación o deformación.
También quiere que la CNMV designe otros dos peritos para que analicen la existencia de un "ataque de cortos" sobre las acciones del banco, y determinen cuál hubiera sido el valor de éstas de no haberse producido.
El juez distingue dos etapas, la primera con Ron como presidente, periodo bajo el cual se investigaría la ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros, y la segunda, ya con Saracho al frente, en la que se ha habría producido una campaña de desprestigio con la publicación de noticias, hecho que podría constituir un delito de manipulación de mercado.
Asimismo, el juez se refiere a las condiciones salariales y la indemnización vitalicia fijada para Ángel Ron al cesar en el cargo
Por lo que respecta al periodo de Saracho al frente del Popular, lo que se denuncia es una supuesta campaña de desprestigio de la entidad para hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener así importantes beneficios.
Una de las querellas la ha presentado la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC), que representa a 1.007 perjudicados, y se dirige contra Saracho por un presunto delito de administración desleal.
La querella de Estel Ingeniería y Obras atribuye los delitos de falsedad societaria, administración desleal, falsedad documental y delito contra el mercado a ambas excúpulas, y la tercera procede de dos particulares y se dirige también contra los antiguos gestores así como contra la firma auditora PwC, por la presunta comisión de un delito contra el mercado y los consumidores, y otro delito societario.
Estas dos últimas incluyen como querellado al que fuera el principal accionista individual en el Popular, el mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2 % del capital del banco y que ha perdido 550 millones de euros.
En agosto, Del Valle denunció ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la resolución del Popular y su venta al Santander por un euro.
En los próximos días, Andreu citará a declarar a los querellados, aunque esperará a la admisión del resto de querellas para convocar a los testigos.
