MAdrid - La ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentó ayer a patronal y sindicatos sus propuestas en materia de contratación en el arranque de un nuevo curso del diálogo social en el Estado. Entre otras reformas, el Gobierno español quiere reducir a tres el número de contratos, incluyendo un modelo temporal con “protección creciente” que partiría del mínimo de indemnización de 12 días por año, y penalizar por la vía de las cotizaciones sociales a las empresas que más recurran a la temporalidad. También habrá descuentos para las que generen empleo fijo.

El esquema inicial no disgustó a los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que se mostraron dispuestos a seguir negociando. La posibilidad de poner coto a la temporalidad a través de las cotizaciones sociales encaja en los planteamientos sindicales ya que, además de frenar la precariedad, serviría para dar aire a las arcas de la Seguridad Social. Al contrario, para la patronal la propuesta no suena apetecible. Ayer su presidente, Joan Rosell, volvió a quejarse de que las cotizaciones sociales que pagan las empresas son demasiado abultadas. “Lo que hacen falta son leyes claras”, dijo.

La teoría, en todo caso, deberá ser desarrollada en las próximas reuniones. En la nota del ministerio de Empleo de ayer solo se indica que se activarán “desincentivos para las empresas que recurran en mayor medida a la contratación temporal y la rotación excesiva mediante el incremento de cotizaciones sociales por desempleo”, sin especificar qué porcentajes de temporalidad se considerarán abusivos. Además, habrá un “nuevo incentivo en las cotizaciones” para aquellas empresas que tengan tasas de contratación indefinida superiores a otras de su mismo sector, señala el ministerio.

La alta tasa de temporalidad sigue siendo uno de los principales males del mercado laboral español, tal y como vienen reprochando las instituciones europeas. Con más de un 26% de empleo eventual, España duplica la media de la Unión Europea, donde solo es superada por Polonia. Y el gran problema es que la solución planteada hasta ahora basada en hacer más barato el contrato fijo no está dando resultado. Los empresarios siguen viendo el contrato temporal como una opción mucho menos arriesgada y recurren a él incluso cuando no está justificado por razones de producción, denuncian los sindicatos.

El Gobierno de Rajoy considera que es hora de buscar alternativas para tratar de maquillar la mancha de la temporalidad y ha optado por trasladar al diálogo social un sistema de penalizaciones ya recogido en el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos. Además, se propone “reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal”, es decir, limitar su uso a razones de calendario o producción, fijar un volumen máximo de contratos de duración determinada y aumentar las inspecciones y las multas.

La CEOE ya ha anunciado resistencia y habrá que ver hasta qué punto pueden mantener los sindicatos el optimismo inicial.

Por otro lado, el Gobierno pone en marcha la anunciada reducción de modelos de contratos. Si se lleva a cabo lo planteado ayer, habrá únicamente tres tipos. Uno indefinido, otro de formación -para menores de 30 años en prácticas y muy bonificado- y un tercero con una “protección creciente” a medida que se cumplan años en la empresa. La indemnización inicial que planteaban PP y Ciudadanos en su acuerdo era de 12 días para el primer año en plantilla, la cantidad recogida ahora en la ley para contratos de fin de obra o servicio. A partir de ahí se iría incrementando la cuantía de la compensación hasta llegar a los 20 días por año que tienen en la práctica la mayor parte de nuevos contratos indefinidos.

Hay que recordar que los jueces están reconociendo una paga de 20 días por año a muchos eventuales siguiendo el criterio marcado por la justicia europea de evitar discriminaciones entre fijos y temporales.

conciliación El texto elaborado por Empleo avanza también medidas en materia de igualdad, transparencia y conciliación. En este sentido, se recupera la idea lanzada por Báñez a finales del año pasado de cara a alcanzar un acuerdo entre instituciones, empresas y sindicatos sobre racionalización de los horarios para favorecer la compatibilidad del trabajo con la vida familiar. Entonces la ministra habló de poner fin a la jornada laboral a las seis de la tarde, aunque ayer no se concreta esa posibilidad.

Asimismo, se plantea dar un impulso a las medidas de fomento del empleo juvenil, con un incremento de las bonificaciones para la conversión de contratos de formación en indefinidos, y se recupera el sistema del contrato de relevo, venido a menos en los últimos años.

Además, habrá foros específicos para abordar las cuestiones de la formación profesional y las pensiones. En el primer caso habrá nuevas ayudas para la formación en tecnologías de la información y de la economía digital y a la formación continua. En cuanto a las pensiones, se irán desarrollando las medidas acordadas en el Pacto de Toledo.

“Estamos en condiciones de avanzar”, señaló el secretario general de UGT. Tras el clima de entendimiento de ayer parece que el diálogo social español puede encauzarse pese al desencuentro entre sindicatos y patronal en materia salarial y a que las centrales han anunciado movilizaciones para el otoño.

Temporalidad. El Gobierno español propuso a los agentes sociales elevar las cotizaciones sociales a las empresas con más temporalidad y rebajarlas a las que generen empleo fijo. Además, se limitará legalmente el uso del contrato eventual y se reforzarán las inspecciones.

Tres contratos. Además, se reducirán a tres los tipos de contratos con un nuevo modelo con indemnización creciente. También se proponen medidas en el ámbito de la conciliación y del empleo juvenil.