GASTEIZ - Los acusados en el juicio mercantil del caso Hiriko, en el que se investigan las responsabilidades por la pérdida de casi 19 millones de euros de ayudas públicas invertidos en un fallido proyecto de coche eléctrico, declararán el próximo viernes en la segunda sesión de la vista oral de este proceso. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Gasteiz celebró ayer la sesión preparatoria del juicio, en la que se abordaron cuestiones técnicas y procedimentales.

En esta vista se fijó el calendario de las sesiones del juicio, que se reanudará el día 22 con la toma de declaración a los cuatro principales acusados: los empresarios Jesús Echave, José Luis Bengoechea y Fernando Achaerandio y el exconcejal del PNV Iñigo Antia.

Una semana después, el 29 de octubre, empezará la toma de declaración a los cerca de 30 testigos citados para el juicio. El 17 de octubre se presentarán los informes de la acusación, mientras que el 20 de octubre se expondrán las pruebas periciales. El juicio concluirá el 27 de octubre, con la presentación de las conclusiones de las partes.

El proyecto de coche eléctrico Hiriko, impulsado por el empresario Jesús Echave y otros industriales alaveses, recibió 18,9 millones de euros en ayudas, la mayor parte de ellas concedidas por el Estado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, pero también hubo fondos del Gobierno Vasco.

Los cuatro acusados formaban parte de Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción (Afypaida), a través de la que se articulaban las empresas implicadas en el proyecto de coche eléctrico. La administración concursal encargada del concurso de acreedores de Afypaida reclama la calificación de concurso “culpable” y que se devuelvan los cerca de 19 millones de euros de ayudas concedidos al proyecto. La Abogacía del Estado también reclama la devolución de esta suma, mientras que en el caso de la Fiscalía, se cifra el “daño al interés general” en 15,7 millones de euros, y se solicita la devolución de esta suma, así como una inhabilitación de diez años para administrar bienes ajenos por parte de los acusados.

Al margen del juicio mercantil, existe una investigación penal en un juzgado de la capital alavesa, en la que se estudia la presunta utilización de facturas falsas por parte de los responsables del proyecto para destinar a su propio beneficio las ayudas públicas concedidas al proyecto. Estas facturas presuntamente irregulares sumarían, según la investigación de la Fiscalía, más de seis millones de euros. - E. Press