bilbao - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lanzó ayer un ultimátum a la CEOE respecto al Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) que sirve para guiar las negociaciones salariales en los convenios de ámbito estatal. Unai Sordo, líder de CCOO, ya había apuntado al final de julio como la fecha tope para llegar a un acuerdo y ayer Álvarez confirmó que si no se alcanza un punto de encuentro esta próxima semana se pondrá fin a las conversaciones reiniciando la negociación en septiembre de cara a pactar una subida “aun mayor” en 2018.

“No tendría sentido ir más allá de julio”, señaló el secretario general del sindicato español en su blog en lo que se trata de un ultimátum a la patronal CEOE para que mueva sus posiciones. Aunque las centrales sindicales son las primeras interesadas en lograr una referencia salarial para todo el Estado, lo cierto es que también para el tejido empresarial tiene su importancia contar con un acuerdo paraguas de este tipo.

En caso de cerrarse un acuerdo esta próxima semana, Álvarez asegura que todos los trabajadores notarán “una mejora, aunque seguirá siendo insuficiente”, por lo que asevera que UGT “continuará luchando para dejar atrás la precariedad y hacer crecer los salarios”, ya que, aunque se ha adoptado una posición “flexible” hay ciertas “líneas rojas” que no se pueden traspasar.

En este sentido, UGT deja claro que el AENC debe incluir dos cuestiones clave: un mínimo salarial para aquellos trabajadores que realizan su actividad en una empresa sin sindicatos y una cláusula de revisión salarial. En ese sentido, y en caso de que no se logre un punto de encuentro con la CEOE la semana que viene, el líder de la central socialista indica que en septiembre se iniciaría la negociación para el AENC de 2018 y avisa de que se exigirá a la CEOE que cumpla “con las promesas”.

Sindicatos y CEOE llevan meses sin lograr cerrar un pacto salarial para 2017 que sirva de guía para las negociaciones de convenios. La patronal, que mejoró su oferta inicial, plantea subidas de entre el 1% y el 2,5%, mientras que los sindicatos exigen un alza de entre el 1,8% y el 3%. A mediados de junio se daba por hecho un acercamiento en un rango de subida salarial del 1,2% al 2,5%, pero en las últimas semanas las conversaciones han vuelto a situarse en un punto muerto.

El principal punto de desencuentro, como han señalado los sindicatos, está en la llamada cláusula de garantía salarial que reclaman las centrales, una especie de seguro que protegería de pérdidas de poder adquisitivo si la inflación se dispara. Los sindicatos ven clave recuperar este elemento en la negociación colectiva mientras que los empresarios hace tiempo que han trazado una estrategia contraria a la vinculación de salarios e inflación. El interés de las patronales es vincular las nóminas de los trabajadores con el resultado de las empresas para mejorar la competitividad, una fórmula que choca de bruces con la garantía que reclaman las centrales.

Si el problema no se desatasca esta próxima semana, el Estado español podría quedar huérfano de la referencia que ha regido los salarios bajo convenios en los últimos años, de forma que será cada sector o empresa el que fije sus propias cifras. - DNA