madrid - La OCU presentó ayer en la Audiencia Nacional una querella contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, el ex consejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la firma auditora PwC y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor. La tramitación de la querella ha recaído en el titular del juzgado central de instrucción número 4, Fernando Andreu, el mismo que ha investigado el caso Bankia.
Así, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, explicó que la organización representa a los más de 9.500 pequeños accionistas que han acudido a la asociación de consumidores tras conocer que han perdido toda su inversión y también indicó que se trata de la primera acción que llevan a cabo los accionistas y bonistas del banco tras el colapso del Popular, y que no descartan otras vías para que los afectados obtengan una compensación por el perjuicio sufrido.
El Banco Popular contaba con 305.000 pequeños accionistas en el momento de su intervención, la madrugada del miércoles de la semana pasada. Izverniceanu manifestó que resulta evidente que las cuentas de la entidad no eran las correctas cuando se optó el pasado verano por una ampliación de capital cuyo folleto, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no reflejaba la imagen fiel de la entidad.
La portavoz de la OCU lamentó el desamparo de los inversores del Popular, ya que, al contrario de lo que ocurrió ayer con las acciones de Liberbank, la CNMV no prohibió la toma de posiciones cortas sobre la entidad, con lo que los títulos del banco sufrieron en Bolsa.
El abogado Eliseo Martínez, uno de los firmantes de la querella, explicó que la situación en la que han quedado los accionistas del Popular hacía imprescindible la presentación de esta querella por estos dos delitos, falsedad contable y estafa al inversor.
Deben iniciarse así, declaró, las diligencias necesarias para que se instruya una causa que no será la única; lo que no es objeto de la querella, indicó, es la pensión de hasta 24 millones de euros -a razón de 1,1 millón al año- que recibirá el expresidente Ron tras su cese, siempre que la entidad no le responsabilice de generar con sus actuaciones un quebranto económico para el grupo.
Entre los que acudieron ayer a la Audiencia Nacional se encontraba Felipe Izquierdo, en su doble condición de abogado y “estafado”, ya que ha perdido 20.000 euros con la amortización a cero de las acciones del Popular.
Durante el mandato de Ángel Ron al frente del banco, recordó, los accionistas han perdido un 97% de su inversión; Izquierdo criticó la actuación de los supervisores, la CNMV, “que jamás llega a tiempo” y del Banco de España, al que “ya le ocurrió algo parecido con Bankia”. - Efe
Prioridades de las entidades. Representantes de Banco Popular y del Santander se reunieron ayer para coordinar su actuación estratégica durante el proceso de integración. Explicaron que el mantenimiento de los puestos de trabajo, la búsqueda de una solución para los accionistas de Popular y la posibilidad de conservar la marca Pastor son las tres prioridades que acordaron las secciones sindicales de las tres empresas.
