Berlín - La sospecha del trucaje de motores diésel se extiende a otro gigante de la automoción alemana. La fiscalía de Stuttgart registró ayer varias dependencias de Daimler en relación con las investigaciones abiertas por la justicia del país por presunto trucaje de los motores diésel. El grupo propietario de la marca Mercedes informó en un comunicado de los registros efectuados en sus instalaciones y aseguró que “colabora plenamente” con las investigaciones de la justicia alemana.
Los registros se produjeron solo un día después de una visita de la canciller alemana, Angel Merkel, a una de las fábricas del grupo, en la localidad sajona de Kamenz, en el que estuvo presente el presidente de la compañía, Dieter Setzche. La fiscalía abrió el pasado marzo un sumario contra varios empleados de Daimler por presunta manipulación sobre el verdadero nivel de emisiones contaminantes de vehículos con motor diésel.
Estas diligencias discurren en paralelo a las abiertas por la justicia de Múnich (sur) y Braunschweig (centro) por el mismo caso en Volkswagen. Stuttgart, a su vez, tiene abiertas investigaciones sobre el presidente de Volkswagen, Matthias Müller, su antecesor en el cargo, Martin Winterkorn, y al presidente del consejo de vigilancia, Dieter Pötsch. Son actuaciones que ponen en la picota a dos de las compañías más emblemáticas de Alemania, el propietario de la marca Mercedes y la primera empresa del país.
La escándalo de la manipulación de emisiones en Volkswagen saltó en 2015, con una denuncia de las autoridades medioambientales estadounidenses, y derivó en la dimisión de Winterkorn y varios de sus directivos, así como la apertura de diligencias en distintos países y una avalancha de juicios y multas.
Precisamente, también ayer se conoció el cálculo de a cuánto puede ascender la factura del dieselgate para Volkswagen.
El constructor alemán puede ser condenado en el Estado francés a afrontar una multa de casi 20.000 millones de euros por el fraude de sus vehículos con motores diesel trucados, según se desprende de un informe judicial divulgado ayer.
La cifra de la hipotética factura está calculada a partir de la facturación de la marca germana en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 -los concernidos por la investigación abierta en Francia en febrero de 2016-, tras la denuncia presentada cinco meses antes. Así se deduce de un informe elaborado por los investigadores franceses, revelado por el periódico Le Monde, en el que aseguran que la sanción puede alcanzar el 10% de la facturación total del grupo teutón.
Se trata de una cifra muy superior a los 3.500 millones a los que puede ser sancionado el grupo galo Renault, también objeto de una investigación por presunto fraude en sus vehículos con motorizaciones diesel, al igual que PSA Peugeot-Citroën y Fiat-Chrysler.
Ese dispositivo ilegal ahorró al grupo automovilístico 1.520 millones de euros de media por año entre 2012 y 2014, ya que les permitió reducir un 35% sus gastos en desarrollo de un sistema legal de limitación de las emisiones que los investigadores consideran que precisa de “inversiones importantes”. El informe señala también que Volkswagen, que ha reconocido el fraude, se niega, sin embargo, a dar detalles sobre el dispositivo ilegal instalado, alegando motivos de confidencialidad. - Efe/DNA
10%
Los investigadores judiciales estiman que la sanción a Volkswagen podría ascender a un 10% de la facturación de la compañía en los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Durante esos años se ahorró 1.520 millones anuales por el trucajeo. La multa rondaría los 20.000 millones de euros. El fabricante alemán vendió 940.000 coches con motores TDI trucados en Francia.
