“No creo que el fraude en el empleo parcial supere el 10%, pero eso ya es un volumen de contratos irregulares muy alto”

Van a revisar todos los contratos parciales de Euskadi, 130.000. ¿Está muy extendido el abuso?

-La Inspección siempre ha tenido entre sus objetivos controlar la temporalidad y el tiempo de trabajo. Ahora la generación de empleo está orientada al empleo parcial y nos han llegado comunicaciones de que este empleo encubre jornadas completas. Eso nos ha concienciado de la necesidad de revisar estos contratos, que son el 40% de todos los que se firman, para garantizar que obedecen a necesidades de carácter parcial del servicio.

El año pasado detectaron irregularidades en el 17% de sus visitas, casi una de cada cinco.

-Ese 17% obedece tanto a contratos parciales como a contratos temporales celebrados en fraude de ley que deberían ser indefinidos. Claro, la Inspección para optimizar los recursos intenta seleccionar aquellos sectores donde pensamos que puede haber irregularidades. Pudiera parecer que el fraude afecta al 17% de las empresas cuando no es así. Vamos allí donde hay una señal de patología.

¿Cómo reciben esas señales?

-La más fidedigna es la denuncia de trabajadores o sindicatos porque pone el foco en el sitio justo. Luego hay indicios que obtenemos en base al cruce de datos de los archivos de tesorería. Seleccionamos empresas con una elevada temporalidad o con un nivel de rotación de trabajadores muy alto.

¿Hay algún sector especialmente tramposo?

-No, el fraude afecta a multitud de sectores. En las empresas que por su tamaño tienen representación sindical las prácticas fraudulentas son más complicadas, pero en las empresas pequeñas, y ahí destacan comercio y hostelería, aparecen más casos.

130.000 contratos son muchos contratos. ¿Han empezado ya?

-Muchos de esos contratos parciales son de la administración, y ahí nunca hemos tenido indicios de que se estén superando las jornadas pactadas. Empezaremos a actuar donde hay una mayor posibilidad de fraude. La administración estatal se va a encargar de comercio y hostelería y la Inspección dependiente del Gobierno Vasco hará industria y servicios.

¿Se atreve a anticipar un porcentaje de fraude aproximado?

-No creo que sobrepase en ningún caso el 10%. Si esa fuera la cifra finalmente, sería ya un volumen de contratos irregulares muy alto.

Unos 13.000 contratos...

-Nuestra actuación estaría más que justificada.

En caso de dar con una irregularidad, ¿qué pasos sigue el inspector?

-El requerimiento en este caso no tiene sentido porque el perjuicio al trabajador ya se ha cometido. Se declara el contrato a tiempo completo, se liquidan las diferencias de cotizaciones con un límite hacia atrás de cuatro años y se promueve la infracción.

En un contrato de cuatro horas, ¿hay distintas consecuencias para una jornada real de cinco horas que para una de ocho?

-Tan irregular es hacer una hora de más como hacer cuatro más. Al graduar la sanción sí se tiene en cuenta el nivel de perjuicio causado al trabajador, pero ambos contratos por presunción legal van a entenderse celebrados a jornada completa.

¿De qué sanciones hablamos?

-La infracción en este caso es grave, de 626 a 6.250 euros. No son sanciones elevadas. Las sanciones de falta de alta en la Seguridad Social fueron aumentadas hasta un mínimo de 3.000 euros. Quizá aquí también el legislador deba elevar las sanciones.

¿Es rentable para el empresario arriesgarse a cometer fraude?

-Rentable nunca sale. Las liquidaciones te las van a imputar con un recargo del 20% y llevas una sanción aparejada. Ninguna empresa quiere figurar como sancionada por imagen y porque incluso puede limitar su contratación desde el sector público.

La patronal vizcaína está avisando a las empresas de la revisión del empleo parcial. ¿Teme que esto diluya el efecto sorpresa?

-La mejor sorpresa sería que no hubiera fraude. Las recomendaciones de la patronal Cebek las vemos muy adecuadas. Nuestra finalidad es el cumplimiento de la norma, sea por voluntad, por conciencia o por cualquier otra circunstancia. Tampoco basta con cumplir de una manera puntual porque la empresa no sabe cuándo será objeto de visita.

Usted suele decir que, en general, el empresario vasco respeta la ley.

-El empresario vasco es buen cumplidor y buen reconocedor del marco normativo. La colaboración con la Inspección es fluida. Con carácter general, hay un cumplimiento elevado. Los incumplimientos son una competencia desleal para el buen empresario.

Otro punto caliente para la Inspección es el abuso de la temporalidad.

-Este tema siempre tiene dificultad ya que hay que valorar si hay una justa causa que determine el uso de un contrato temporal o por el contrario las necesidades de la empresa son de carácter permanente.

En Mercedes han obligado a hacer fijos de golpe a 500 eventuales.

-Empresa y sindicatos tenían iniciado un proceso de negociación y la Inspección solo ha servido de catalizador. Si ese acuerdo lo hubieran llevado a buen puerto no habría sido necesaria nuestra presencia.

ELA les llegó a acusar de connivencia con la multinacional.

-Hay connivencia a la japonesa. Allí donde nos acusan de connivencia hemos hecho las actuaciones más potentes. Habrá cosas que mejorar, pero le aseguro que no hay connivencia con las empresas y que las inspectoras, la mayoría son mujeres, tienen total autonomía técnica y funcional.

Los falsos autónomos son otro de los focos de fraude.

-Sí. Algunas empresas pretenden ahorrar costes obligando a los trabajadores a pasar al régimen autónomo. El ser autónomo no lo determina la empresa, sino la naturaleza del trabajo. Si está bajo el círculo rector de otra organización es un trabajador por cuenta ajena. Hay que subrayar, además, que en caso de accidente se considera un trabajador sin dar de alta y todas las prestaciones corren a cargo de la empresa. Como nuevo foco de fraude, vemos que se están creando falsas cooperativas obligando al trabajador a hacerse socio privándole de ciertos derechos. Parece que algunos empresarios han visto en esta vía una fórmula para burlar la legislación.

¿Se trata de grandes empresas?

-No. Hablamos de microcooperativas de muy pequeña consideración.

El Gobierno Vasco cuenta con unos 60 inspectores, además de los que dependen de la administración estatal. ¿Son suficientes teniendo en cuenta los niveles de precariedad?

-Cuantos más funcionarios tengamos mejor, pero hay que poner la cifra en relación a la situación del mercado y de otros países europeos. No tenemos una sensación de que haya una mayor vulneración de la norma que en años anteriores. Es verdad que las condiciones y los salarios de los trabajadores han caído, pero es que ha habido una reforma laboral que ha posibilitado que determinadas prácticas sean completamente legales.

La Inspección también vela, con Osalan, por la seguridad laboral.

-Con la crisis el foco de los delegados sindicales ha ido más a otros temas y las denuncias en esta materia han bajado. Ahora estamos recobrando la iniciativa en prevención, que es un tema primordial. Este es el ámbito donde más infracciones hay y siempre tienen prioridad. La salud del trabajador está por encima de todo.