BILBAO - El Partido Nacionalista Vasco está negociando con el Gobierno español, así como con los grupos políticos PSOE y Ciudadanos, una posible salida al conflicto de la reforma de la estiba en los puertos del Estado español que permita compaginar la liberalización del sector, con el mantenimiento de la mayoría del empleo, a la vez que se pueda ganar competitividad en los muelles.

De hecho, el PNV confía en que el Ejecutivo del PP, la organización empresarial Anesco y los sindicatos de estibadores, con La Coordinadora al frente, lleguen a un acuerdo en un plazo de 48 horas antes de que el real decreto ley de reforma de la estiba llegue mañana al Congreso de los Diputados para debatir su convalidación.

Como se recordará, el Gobierno español ha elaborado, sin contar con nadie del sector, un real decreto para cumplir con la resolución de los tribunales europeos que obliga a España a eliminar el actual monopolio de las operaciones de estiba y desestiba que realizan las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios, Sagep, en los puertos del Estado. Y este real decreto tiene que convalidarlo en el Congreso, pero el PP no tiene mayoría suficiente ni ha conseguido el apoyo de otros grupos políticos.

Un problema de la aplicación del decreto tal cual es que desmontar las citadas Sagep, en las que participan las empresas privadas del sector, -en el caso vasco Bergé, Noatum, Toro y Betolaza, SLP, Algeposa, Sobrinos de Manuel Cámara, y UECC-, implica según el decreto el despido de todos los trabajadores del colectivo, más de 6.000 en todo el Estado, en un plazo de tres años, aunque se espera que luego gran parte de ellos sean contratadas por las empresas privadas del sector de una forma u otra.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, afirmó ayer que todavía es factible que se “concrete más el cuadro final ya que hay 48 horas por delante”. “Vamos a ver si verdaderamente se puede buscar una salida”, señaló, tras avanzar que no descarta ninguna posición de su grupo parlamentario. “Estamos hablando con el Gobierno y estamos negociando a ver si es posible que se puedan dar algunos pasos más y se concrete un poquito la situación final, el cuadro final en el que pueda quedar todo esto”, explicó Esteban en Madrid. En los términos actuales del decreto, el voto nacionalista será negativo. En todo caso Aitor Esteban afirmó que el PNV decidirá su voto en función de si determinados puntos se pueden llevar adelante y señaló que “ya se verá si se vehiculiza como un proyecto de Ley”, en relación a una posible tramitación en este sentido, de forma que se puedan introducir enmiendas.

Fuentes nacionalistas han señalado su reticencia a que sean las diferentes Autoridades Portuarias las que tengan que asumir los costes de eventuales despidos de trabajadores derivados de esta reforma. En este caso se estima que las A.P. de Bilbao y Pasaia tendrían que afrontar unos 30 millones de euros en sus cuentas.

puerto a puerto Además creen que independientemente de un acuerdo marco general hay que negociar el futuro de la estiba puerto a puerto dadas las grandes diferencias existentes entre unos y otros. De hecho los excedentes que pudieran existir en unas dársenas no existen en otras.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Asier Atutxa, señaló en días pasados que considera que es factible mantener las condiciones económicas de los trabajadores de la estiba y mejorar la competitividad en un 20%, con un nueva organización del trabajo en los muelles que incluiría desde adaptar los horarios laborales, a ajustar las manos que necesita cada estiba en función de las necesidades reales de la carga.

Por su parte el sindicato mayoritario en el sector, La Coordinadora, insiste en que sin el Gobierno español en la mesa no es posible un acuerdo. La organización sindical se pregunta de dónde se ha sacado Anesco que hay 1.400 trabajadores prejubilables, casi un 20% de las plantillas, en el sector cuando es una cifra que se ha pedido puerto a puerto y, al menos, en la mesa negociadora no se ha comunicado, según el dirigente de Coordinadora, Antolín Goya. Desde el sindicato se cuestiona también que el Gobierno español esté dispuesto a poner 575 millones en ayudas públicas para reconvertir el sector y despedir trabajadores en beneficio de empresas privadas de la estiba.