BILBAO - Los estibadores no encuentran mejor forma para obligar a los empresarios a negociar una salida que pase por la subrogación de los empleos del colectivo de más de 6.00 trabajadores que recordar ante las autoridades comunitarias la intención del Gobierno español de afrontar la reconversión de las sociedades de estiba, las Sagep, con indemnizaciones sufragadas con dinero público. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ratificó ayer que el ministerio articulará ayudas públicas para la reconversión del sector de la estiba.
El coordinador de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, advirtió a la Comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc, de que dentro de las políticas de la CE “no figura usar fondos públicos para despedir trabajadores con contratos indefinidos y crear empleo precario”. “Le hemos preguntado directamente y no ha sido capaz de desmentirlo”, señaló el dirigente de Coordinadora.
Goya reiteró que hay “alternativas” al modelo que impulsa el Gobierno con el real decreto y existen “varias posibilidades” para cumplir con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo pero “la solución no pasa por la precariedad laboral”. El colectivo laboral viene a señalar que si quieren despedir a los trabajadores de la estiba tendrán que ser las empresas privadas que configuran las sociedades de estiba las que tendrían que afrontar el coste. En esta tesitura la búsqueda de una solución dialogada y pactada se acentuaría, según esta tesis.
El máximo dirigente de la Coordinadora, Antolín Goya, afirmó ayer que la única solución para evitar la huelga en los puertos -con el subsiguiente efecto negativo para una economía española en récords históricos de exportaciones- es que el Ministerio de Fomento negocie, y que en el decreto ley de reforma de la estiba se garantice la subrogación de los trabajadores y las condiciones de sus empleos.
Goya valoró el nuevo aplazamiento del Ejecutivo español para aprobar el decreto ley como un muestra clara de que el PP no tiene apoyos suficientes.
De hecho, ayer la Junta de Portavoces del Congreso ratificó el aplazamiento del debate y votación en el pleno del decreto ley de la reforma de la estiba una semana, hasta el próximo jueves día 16, a petición del Gobierno. El Ejecutivo confía en que la consecución de un acuerdo entre empresas y estibadores pueda llevar a los grupos políticos a reconsiderar su rechazo al decreto ley, que debe ser convalidado por el Congreso.
Por el momento, los sindicatos de los estibadores y la patronal Anesco se sientan de nuevo a negociar hoy bajo la mediación del presidente del CES, Marcos Peña.
No obstante, y a pesar del aplazamiento del examen en el Congreso de la reforma de la estiba, los sindicatos mantienen el calendario de paros en los puertos, que arrancan este viernes, día 10, y se extienden durante las dos próximas semanas.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, señaló que es “prudente” que el decreto se retire para llegar a una solución consensuada con la patronal y los sindicatos, y mostró su confianza en que se alcance un acuerdo.
El PSOE expresó ayer la condición necesaria para que pueda apoyar el real decreto del PP en el Congreso y la misma es que el texto legal “dé respuestas y certidumbres” a los trabajadores del gremio. Para ello, los socialistas consideran “imprescindible” que el Gobierno español se vuelva a sentar a negociar con la patronal y también con los sindicatos del sector.
El diputado socialista César Joaquín Ramos Esteban, expresó la “preocupación” de su grupo ante el hecho de que “el Gobierno no está dando pasos para lograr un acuerdo” y de que el real decreto ley con el que el Ejecutivo pretende modificar el sector “va más allá” de lo que pide la UE. Así, durante su intervención en la Comisión de Fomento el diputado socialista ratificó que su grupo se mantendrá “radicalmente en contra” de un real decreto que propicia sustituir a los actuales estibadores por trabajadores eventuales o precarice el empleo.
Por su parte, la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, reiteró que la CE tomará medidas contra España en el caso de que la reforma del sector de la estiba no se apruebe en el Congreso antes del próximo 24 de marzo.
