madrid - La aprobación ayer en el consejo de ministros de la reforma de la estiba calienta aun más el ambiente en los puertos del Estado español. El decreto cuenta con el visto bueno de Bruselas y con el de las empresas del sector, pero no con el de los trabajadores. El Gobierno español tiene 30 días para llevar el decreto al Congreso, donde necesita mayoría simple y donde los sindicatos esperan poder tumbar la ley o al menos suavizarla a través de enmiendas. Ayer, los estibadores ratificaron los paros convocados durante tres semanas a partir del próximo 6 de marzo contra una norma “autoritaria y abusiva” que “solo beneficia a las grandes empresas”.
El Gobierno del PP decidió posponer la semana pasada la aprobación de la reforma para dar margen a un acercamiento de posturas entre las partes. Pero el pasado miércoles empresas y sindicatos de la estiba se levantaban de la mesa dejando las conversaciones en una situación de “bloqueo absoluto”, según la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector, y se emplazaban a una nueva reunión el próximo martes día 28. La negociación cuenta con la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, lo que da cuenta del impacto económico que puede tener el conflicto.
Aun así, el Gobierno del PP ha decidido no retrasar más la puesta en marcha de la reforma para liberalizar el sector, lo que acota al máximo las posibilidades de frenar la huelga. En un comunicado, la Coordinadora mostró su “absoluto y enérgico” rechazo al real decreto ley aprobado ayer por el consejo de ministros. “Se trata de una norma autoritaria y abusiva, que no sólo va mucho más allá de lo que pide la Unión Europea, sino que además no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales”, denuncia el sindicato.
La Coordinadora advierte de que los cambios que prepara el PP son “un ERE encubierto” para los más de 6.000 estibadores que trabajan en los puertos españoles y asegura que “va a desestabilizar una de las industrias más prósperas del país, donde desarrollan su labor algunos de los pocos colectivos que mantienen condiciones de trabajo decentes”.
La liberalización de la estiba, exigida por Bruselas, ha abierto el debate sobre la situación de los trabajadores del sector. Corrientes de opinión de parte hablan de “salarios privilegiados”, “prebendas” y “chantaje” por parte de los estibadores al anunciar una huelga en un sector estratégico como este, mientras los sindicatos no ocultan que el gremio tiene condiciones “dignas” que reclaman extender a todos los sectores.
Los estibadores se encargan de subir y bajar la mercancía de los barcos en el menor tiempo posible, para lo que se necesita una formación especializada. Ahora las empresas del sector tienen que estar asociadas a la sociedad Sagep, que cuenta con un registro de trabajadores al que deben recurrir. A finales de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que este sistema vulnera la libertad de contratación y obligó a abrirlo a la libre competencia. En esa entrada de nuevas empresas es donde los sindicatos ven la antesala de despidos y rebajas de salarios. De hecho, una de las principales reivindicaciones de los estibadores es que se mantenga un registro en el que figuren las personas capacitadas para desarrollar la labor, algo que según el Ejecutivo es incompatible con los requerimientos europeos. Además, el TJUE impuso a España una multa de 21 millones de euros a los que habría que sumar otros 134.000 euros al día si no se aprueba la reforma.
A este recargo se aferraba ayer el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, para reclamar el apoyo de los grupos políticos en el Congreso. Una tramitación para la que el Ejecutivo no cuenta con todas las garantías ya que ayer tanto PSOE como Podemos se mostraron críticos con la aprobación del decreto sin el acuerdo de empresas y trabajadores. De la Serna pidió a las partes que intensifiquen las negociaciones estos días pero lo cierto es que, como señaló UGT, el margen para el diálogo es cada vez menor.
martes 28, última opción La cita del próximo martes será decisiva. En ese encuentro se explorarán las opciones de avanzar en la negociación, que por lo que transmiten los sindicatos son pocas. “La huelga es la única medida de presión que les queda a los trabajadores”, señalaba ayer la Coordinadora, que ha convocado junto al resto de centrales paros parciales durante nueve días alternos -6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de marzo-.
Si el 28 no hay avances, es de suponer que la semana que viene concluirá sin acuerdo y el día 6 comenzará la huelga. Los paros, tal y como están distribuidos, ralentizarán la actividad portuaria durante prácticamente tres semanas -el Puerto de Bilbao es el cuarto del Estado por volumen de mercancías con lo que habrá afecciones en toda la economía vasca- aunque no es descartable que en ese tiempo pueda alcanzarse un acuerdo.
Sentencia de Bruselas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó en diciembre de 2014 a España por incumplir la normativa de libre contratación en la estiba, imponiendo una multa de 21 millones que podría incrementarse si no se modifica el actual sistema.
Registro cerrado. Las empresas que operan en la estiba deben formar parte de una sociedad que cuenta con un registro de estibadores al que deben recurrir al contratar. La reforma, si se aprueba finalmente en el Congreso, acabará con ese sistema. Los sindicatos temen que la liberalización y la entrada de empresas se traduzca en despidos y una rebaja de condiciones laborales.
6.150
Es el número de estibadores en el Estado, 450 en Bilbao y 60 en Pasaia.
