MADRID - La anulación de las cláusulas suelo por parte de la justicia europea, ratificada la semana pasada por el Supremo, tiene en vilo a los jueces. Fuentes judiciales hablan ya de “una avalancha” de reclamaciones de clientes para recuperar el dinero cobrado de más por el banco, lo que ha llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a plantear la creación de un tribunal especial en cada capital de provincia para atender en exclusiva los temas relacionados con las hipotecas. Este plan de urgencia, que fue trasladado ayer al Gobierno español, requiere de la incorporación a estos tribunales específicos de 200 jueces y tendría un coste de entre 15 y 20 millones de euros, según el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra.
Se calcula que hay entre dos y tres millones de españoles con una hipoteca con cláusula suelo y además, hay seis millones de créditos en los que el cliente cargó con los gastos de formalización de la hipoteca y que puede recuperar. Las últimas sentencias relativas a hipotecas que anulan las cláusulas suelo abusivas y obligan al banco a cargar con parte de los costes, comisiones e impuestos vinculados a la firma del préstamo están generando “una avalancha” de denuncias en los juzgados del Estado español y los tribunales de la CAV no son una excepción, según señalan a este diario fuentes judiciales que no ocultan su preocupación por el volumen de trabajo que se avecina.
La previsión es que en los próximos meses las denuncias derivadas de estas sentencias sigan creciendo contribuyendo a agravar la saturación que ya sufren muchos juzgados.
Según indicó Ibarra ayer en Radio Euskadi, se esperan “cientos de miles” de denuncias en el conjunto del Estado a pesar de que el Ejecutivo español ha creado una vía extrajudicial para llegar a acuerdos con los bancos y tratar de aliviar la carga de los juzgados. Para evitar el colapso, el CGPJ ha esbozado una solución que fue trasladada la semana pasada a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Esta consistiría en situar todos los casos vinculados a reclamaciones de préstamos hipotecarios en un mismo juzgado dentro de cada provincia, que se reforzaría con otros jueces de adscripción territorial. Así, en el caso de la CAV se asignaría a uno de los juzgados de Primera Instancia de cada capital todo el trabajo relacionado con cláusulas suelo, constituyéndose un tribunal de Instancia especializado con el apoyo de otros jueces.
Teniendo en cuenta que se crearía un juzgado específico por provincia, el plan de choque requiere del apoyo de unos 200 jueces -en Euskadi hay 10 jueces de adscripción territorial “para hacer refuerzos”, según Ibarra- con un coste extra que podría alcanzar los 20 millones. Ibarra recordó que “estamos ante una contingencia” ante la que hay que tomar medidas para asegurar que la justicia protege los derechos de todos los clientes. “Todos los presupuestos tanto del Estado como de las comunidades autónomas tienen previsiones para situaciones de contingencia”, dijo.
Ayer los jueces se reunieron con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para darle a conocer su propuesta y reclamar los medios necesarios. Desde el CGPJ se informó de que no habrá un número concreto de jueces extra por juzgado sino que el refuerzo dependerá de la carga de trabajo que tenga cada uno.
