madrid - La reforma de las pensiones de Mariano Rajoy ha despertado críticas desde todos los sectores sociales. Incluso los poderes económicos dudan de su eficacia y de las consecuencias que puede acarrear mantener congelada la nómina de los pensionistas las próximas décadas. La fundación Fedea, que cuenta entre sus patronos con los grandes bancos y empresas españolas, avisa de que desvincular las pensiones del incremento de los precios generará “problemas de suficiencia importantes” a ciertos colectivos, por lo que propone que las pagas mínimas vuelvan a ligarse al Índice de Precios al Consumo (IPC).
En un informe de 90 páginas, Fedea analiza la situación de la Seguridad Social y el impacto de las dos últimas reformas de pensiones, la de José Luis Rodríguez Zapatero de 2011 y la aprobada por Mariano Rajoy en 2013. En ese sentido, no plantea derogar estas reformas pues asegura que hacerlo dispararía el gasto, pero indica que sí deberían “suavizarse”.
La principal modificación tiene que ver con el índice de revalorización aprobado en 2013, una compleja fórmula matemática ideada para que en el actual escenario de gastos crecientes de la Seguridad Social las pensiones suban el mínimo posible, es decir, el 0,25%. Con este mecanismo de actualización, que el Gobierno dio a conocer con el respaldo de un comité de expertos, Rajoy trató de edulcorar una congelación de las pensiones encubierta que el año pasado se tradujo en una pérdida de poder de compra de más de un punto.
Es más, según Fedea la reforma de 2013 supone que las pensiones subirán ese exiguo 0,25% al menos “hasta bien entrada la década” de 2060 al mantenerse los niveles de ingresos del sistema por debajo del flujo de gastos.
Y, aunque por un lado la congelación permanente alivia la factura de la Seguridad Social, por otro supone “un riesgo” para el propio sistema, advierte el estudio de los economistas Ángel de la Fuente, Alfonso Sánchez y Miguel Ángel García, que señalan que la peor parte se la llevarán las prestaciones más bajas. Según el informe, la pensión media en el Estado español, unos 900 euros, perderá un 4% de poder adquisitivo, mientras que quienes menos cobran podrían perder hasta un 30% en los 20 años posteriores a jubilarse.
De hecho, se habla de pérdidas de poder adquisitivo “muy considerables” para ciertos grupos de pensionistas a causa de la desvinculación de las prestaciones del IPC, por lo que se propone, entre otras medidas, volver a subir las pensiones mínimas, de entre 590 y 638 euros, con la inflación para aliviar la situación de los que menos cobran. “No podemos volver a ligar todas las pensiones al IPC y volver a la jubilación a los 65 años pero hay medidas paliativas posibles”, indican los economistas.
Según la fundación Fedea, volver a ligar la pensión mínima al IPC costaría al año cuatro décimas del PIB, unos 4.000 millones de euros, lo que podría pagarse con impuestos adicionales. En ese sentido, se apunta a un incremento necesario de la recaudación del 6% por la vía del IRPF, un objetivo factible según el estudio. En todo caso, la fundación remarca que la vuelta al IPC debe quedar limitada a las pensiones más bajas, ya que de lo contrario se acabaría con el eje central de la reforma de 2013 y se elevaría la factura del sistema en cerca de 3 puntos del PIB en las próximas cuatro décadas. Para poder financiar ese sobrecoste sería necesario recaudar a través del IRPF un 36% más.
Sobre la posibilidad lanzada por algunos partidos y sindicatos de financiar con impuestos las pensiones, Fedea señala que no tiene sentido pagar las de viudedad y orfandad por esta vía porque ello sólo trasladaría el problema a las cuentas del Estado y sembraría “dudas más que razonables” sobre la credibilidad de las cuentas públicas españolas.
retiro más allá de los 67 años Además, se plantea como posible parche para paliar el empobrecimiento de los jubilados el “topar” lo que estos pueden perder cada año. Es decir, cambiar la fórmula actual por otra que implique la ecuación “IPC menos X” de manera que se ponga un límite máximo a la pérdida anual.
En la línea de lo expuesto por el Banco de España, los autores del informe se muestran partidarios de abordar el debate sobre si hay que subir la edad de jubilación de forma progresiva más allá de los 67 años, el horizonte fijado en la última reforma del PP y que estará plenamente operativo en 2027.
