Tal vez los usuarios de las gasolineras no lo noten a simple vista, pero desde hace tres años las estaciones de servicio de todo Euskadi están inmersas en un proceso de transformación que tiene un impacto directo en su devenir financiero. El origen de todo está en una directiva aprobada por la Unión Europea en 2011 que, con el fin de prevenir fugas de carburantes que pueden tener un impacto en el medio ambiente, exige el uso de tanques de doble pared en las gasolineras. Las instalaciones que tienen una antigüedad de ocho años ya cuentan con tanques de estas características, pero desde la UE se reclama que las estaciones de servicio anteriores adapten sus tanques de manera que cuenten con una doble pared con un sistema de detección de fugas. Esta transformación tiene que darse para 2022. Desde entonces estaba por ver cómo se desarrollaba una normativa estatal que aplicase estos requisitos. El Gobierno español trabajó en el borrador de la MI-IP04, pero por motivos que se desconocen el Gobierno popular nunca ha terminado de aprobar dicha norma.
En cambio el Gobierno Vasco dio un paso adelante y aprobó el decreto 159/2014 de medidas complementarias de seguridad en instalaciones existentes de suministro de carburantes a vehículos en instalaciones de venta al público. Es hasta la fecha el único reglamento estatal que recoge las directrices europeas y aporta un calendario en el que, según su antigüedad y su localización en suelo urbano o fuera de él, las diferentes estaciones deben ir realizando dicha transformación de sus tanques.
Mientras en todo el Estado el sector sigue sin mover ficha, puesto que ni las comunidades ni Madrid emiten normativa alguna, los empresarios vascos dedicados a esta actividad han tenido que sumergirse en una inversión que no siempre se ve con buenos ojos, no solo por el montante económico, sino por la incertidumbre que supone someter sus instalaciones a un reglamento sin saber los requisitos que pedirá la MI-IP04 cuando por fin vea la luz. Mikel Iribarren es el presidente de Estaserbi, la asociación de estaciones de servicio de Bizkaia. “Al final, todo lo que sea mejorar la seguridad en nuestras instalaciones lo entendemos como algo positivo”, explica a este diario, “es verdad que implica un coste, pero si redunda en una mayor seguridad de las instalaciones, bienvenido sea”.
Reformar un tanque supone un gasto de entre 10.000 y 12.000 euros para un depósito de 30.000 litros. “Es una inversión”, reconoce Iribarren, “pero si tuviéramos una fuga, el daño que podríamos hacer al medio ambiente nos supondría una descontaminación que sale mucho más cara”.
Desde Estaserbi se valora positivamente que Lakua haya sido pionera en este aspecto. “Una de las cosas buenas del Gobierno Vasco a nivel del Departamento de Industria es que siempre se ha caracterizado por ser bastante avanzado y estar un pasito por delante del resto de comunidades autónomas. Nosotros somos conscientes de que hay que hacer las cosas bien, cumplimos con los plazos y tenemos una administración perseverante y constante que vigila que así sea”.
En Bizkaia existen actualmente 110 estaciones de servicio, aunque no todas forman parte de Estaserbi. Por un lado están las que pertenecen a firmas de supermercados, como Eroski, Simply o Carrefour. En el segundo bloque estarían las correspondientes a empresas petroleras, como Repsol o Cepsa. Y el último bloque es el de las gasolineras de empresarios independientes. La mayoría de estas cuentan con un contrato de suministro y abanderamiento con alguna empresa petrolera, por lo que los empresarios son dueños de la instalación, pero se unen comercialmente a una marca para vender carburantes.
A Mikel Iribarren no le pasa desapercibido que, frente al proceso en el que estás metidas las gasolineras vascas, las del resto del Estado siguen funcionando como si nada hubiera cambiado. “La gente no hace nada por una sencilla razón: a nivel estatal hay cierta incertidumbre, porque tiene que salir adelante el borrador de la MI-IP04 y trasponer las directrices europeas. La gente está inquieta porque pueden hacer el tanque de doble pared y luego puede resultar que el borrador final le exige que, además, tenga las tuberías de determinada manera. Y, claro, no me voy a meter en inversiones para un tanque que luego no me sirva porque tenga que volver a reformarlo. Como no se sabe qué pasa con esta norma, la gente está a la expectativa para mover ficha”.
En Álava son medio centenar las estaciones de servicio que están operativas y, como en Bizkaia, la mayoría han hecho ya frente a su correspondiente adaptación de los tanques. Manuela González es la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Álava y ella, a la vez que celebra la implantación de una medida que mejora la seguridad, también lamenta el escenario de incertidumbre que genera. “Es una medida más de seguridad a todos los niveles, sobre todo medioambiental. Hay gasolineras muy antiguas que deben ser reformadas. Aun así, nos habría gustado que también se hubiera tramitado a tiempo la norma estatal con el fin de que, tanto nosotros como las comunidades limítrofes, tuviéramos las mismas exigencias técnicas a la hora de desarrollar nuestros negocios”.
En el momento de analizar si los plazos son suficientes para que los empresarios adecuen sus gasolineras a la normativa, González no tiene dudas de que en Álava, así como en los otros territorios históricos, no habrá problema para llegar a tiempo. “Creemos que es tiempo suficiente. Todo es cuestión de plazos”, indica. Señala, además, que a la hora de calcular los tiempos y gestionar la transformación, no es necesario un periodo de tiempo muy largo. “Una obra para adaptar cuatro tanques de simple pared a doble pared, sin parar la estación, puede durar de dos a tres meses”.
En Gipuzkoa el secretario general de los empresarios de estaciones de servicio (AEGA) es Juan María López, quien a pesar de describir el buen ritmo al que sus asociados se están amoldando a la medida, recuerda que en un primer momento presentaron alegaciones al borrador del decreto del Gobierno Vasco. “No nos parecía de recibo que, teniendo presente que iba a salir la MI-IP04, aquí estuviéramos en otras cuestiones”, explica, “sobre todo porque esta norma solo hace referencia a un acortamiento de los plazos que ya estaban consensuados en el sector para el borrador”. Todos pensaban que la publicación de la norma estatal iba a ser inminente, pero ya han pasado tres años y el anhelado MI-IP04 sigue escondido en algún cajón de Madrid.
López lamenta que el decreto vasco supusiese “una vueltilla de tuerca a las estaciones de servicio del País Vasco que en las estaciones de servicio del Estado todavía no se ha realizado”. “Es verdad que cuando se produzca la adaptación en el Estado, aquí llevaremos terreno adelantado”, matiza, “pero por el momento el que lo soporta es el empresario de las estaciones de servicio de Euskadi”. No en vano, la asociación guipuzcoana realizó un estudio para estimar qué impacto económico tendría esta normativa en su actividad. “A cada estación de servicio, entre los costes de gestión , lucro cesante y demás, estimamos que podía ser un gasto entre los 75.000 y 100.000 euros”, se lamenta Juan María López, “mientras que en el Estado podía quedar todo por 25.000 euros”. De hecho, desde AEGA se estima que “la inversión para todo Euskadi es de unos 10,5 millones de euros”.
Como Bizkaia y Álava, Gipuzkoa llegará a 2022 con sus gasolineras adaptadas a las nuevas exigencias. “La cosa va al ritmo adecuado y la gente está procediendo conforme a la normativa”, repasa López, “si en algún momento se produce algún retraso, se comunica”. De todos modos, advierte que puede haber un problema si los empresarios retrasan la decisión de remodelar sus instalaciones. “Si de pronto tienes que transformar todos los tanques de las estaciones, porque normalmente la gente trata de apurar, te encuentras con un cuello de botella. A veces los proveedores tampoco pueden dar abasto para atender esa demanda. Pero la relación que tenemos con el Gobierno Vasco es francamente buena y en algún caso con un cierto retraso se ha señalado que se está en ello y ya está”.
López, que no duda en afirmar que “Euskadi es punta de lanza en temas de seguridad y seguridad ambiental”, coincide en señalar la incertidumbre a la que se enfrentan actualmente. “No nos parece mal que seamos lo primeros, pero nos gustaría que tuviésemos un mercado homogéneo, que tuviésemos las mismas exigencias para todos. Puede ser discriminatorio porque nos podemos encontrar con que cumplimos este decreto, salga después la norma estatal y pueda haber ciertas contradicciones entre lo que estamos cumpliendo ahora y lo que tenga que cumplir en el futuro. Lo que no queremos es tener condiciones diferentes, por ejemplo, entre dos estaciones situadas en y en Bera de Bidasoa”, detalla.
